Hemos venido insistiendo desde hace un tiempo, en la necesidad urgente de tomar medidas frente al hostigamiento de las comunidades indígenas a propiedades privadas del norte del Cauca, especialmente donde existen cultivos de caña.
Se han vuelto muy frecuentes los desalojos de los trabajadores de estas fincas. Estos se empiezan a movilizar con la intención de defenderse frente a estas graves afectaciones, pues al impedirles trabajar les privan del sustento de sus familias. Durante las últimas horas se reportó desde el municipio de Corinto, que uno de estos grupos, no solo invadió varios predios agrícolas, si no que incendió los cultivos y desalojó a los trabajadores que allí laboran.
Entretanto, indígenas del resguardo de Huellas en el municipio de Caloto, al parecer amenazaron a los propietarios de una hacienda en la que se cultivan frutas, caña y también se realizan actividades ganaderas y les fijaron plazo para abandonar, en medio del proceso que ellos denominan como ‘Recuperación de la madre tierra’.
Esta propiedad ha sido objeto de múltiples intentos de ocupación y confrontaciones entre indígenas y autoridades. Ahora, la comunidad étnica ha dejado en claro que van a volver a ocupar.
Esto va a terminar bien si el gobierno, en el nivel local, regional y nacional, sigue mirando hacia otro lado, con una postura de dejar hacer y pasar, mientras la tensión crece y una salida dialogada es cada vez más improbable. Este proceso de la ‘recuperación de la madre tierra’ está generando una honda fractura social y unas posiciones irreconciliables que casi siempre son la antesala de la violencia, y el conflicto.
Muchos afectados se están organizando y van a defender sus propiedades unos, y sus trabajos los otros.
En esta coyuntura solo hay dos opciones, defender el derecho a la propiedad privada que ampara la Constitución Política o permitir que el Cauca se convierta en un territorio aparte, distinto, en el que el fundamento del sistema de mercado que hemos conocido hasta hoy simplemente quede inoperante, y que sean las posturas culturales de unos grupos étnicos las que predominen sobre el marco legal y el Estado de Derecho.
El gran interrogante que se plantea en medio de esta coyuntura, es la posición que asumirá el nuevo gobierno de Gustavo Petro, teniendo en cuenta que fue respaldado ampliamente por estas comunidades y de alguna manera deberá al menos escuchar sus demandas.
Esperemos que en el corto plazo se empiecen a dar acercamientos antes de que el conflicto de tierras se salga definitivamente de las manos.


