El reciente anuncio del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Farc liderada por alias ‘Iván Mordisco’, de restringir el acceso a la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo, marca un punto de quiebre en la estabilidad de las regiones. Esta medida, justificada por el grupo armado bajo supuestas «violaciones a la neutralidad», busca en realidad blindar los territorios donde operan política y militarmente. Al expulsar a los ojos internacionales, el EMC pretende construir un imaginario de soberanía total, enviando un mensaje de fuerza tanto a las comunidades como a la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional.
La ausencia de estas misiones de vigilancia tiene impactos devastadores. Sin la presencia de organismos que documenten las violaciones a los derechos humanos, delitos como las masacres y el reclutamiento de menores quedan bajo un manto de impunidad. La población civil, atrapada en este «cerco de silencio», pierde su único mecanismo de denuncia externa. Expertos señalan que esta estrategia responde a una disputa territorial donde el actor armado busca invisibilizar su accionar frente al escrutinio del Derecho Internacional Humanitario, transformando las regiones en enclaves sin ley ni supervisión.
Finalmente, esta crisis evidencia la fragilidad del control estatal en la periferia. Independientemente de la administración de turno, la incapacidad de las instituciones para garantizar el orden ha permitido que estructuras criminales dicten las normas de tránsito y permanencia. Mientras en la capital se politiza la guerra, en los territorios la gente necesita soluciones reales que impidan que sus hijos sigan siendo víctimas de la violencia. La expulsión de los verificadores no es solo un acto de guerra, es una sentencia de aislamiento para las comunidades más vulnerables del país.
