Por: Héctor Herrera
Desde el primer día del nuevo gobierno será necesario tener un criterio transversal de justicia climática desde la política energética hasta la política de acceso al agua en los hogares, pasando por la educación básica hasta la política macroeconómica.
La idea de la justicia climática aparece en el Acuerdo de París de Naciones Unidas sobre Cambio Climático aunque no se explica en este tratado qué es y cómo se haría realidad. La aplicación de la perspectiva de justicia climática requiere desagregar esta idea en diferentes ejes temáticos que van desde energía hasta educación, y en diferentes escalas desde lo global hasta el barrio y la familia. Veamos. A nivel global el gobierno de Colombia requiere tener una posición clara ante la política internacional del cambio climático. A nivel de América Latina también será necesario continuar y actualizar el diálogo sobre nuestra posición como región ante la política internacional en clave de justicia climática. Es clave entender que la injusticia climática no es algo abstracto y lejano, sino que la podemos ver en nuestras propias vidas todos los días. Así, la elevación en el nivel del mar que ocurrirá en las próximas décadas por causa del cambio climático va a desplazar millones de personas en la Costas Caribe y Pacífica de Colombia y la respuesta a este desplazamiento debe también incluir la dimensión de justicia climática. El acceso al agua potable que en Colombia todavía es insuficiente y deficiente debe también pensarse en clave de los impactos que tendrá el cambio climático, que además, dentro de los hogares suele afectar con mayor peso a las mujeres quienes usualmente terminan haciendo el trabajo adicional para conseguir el agua para la comida y el aseo. En las altas montañas andinas los páramos también se verán afectados por la elevación en la temperatura promedio del planeta lo que tendrá impactos en la cantidad de agua proveniente de estos ecosistemas que se usa en las ciudades y pueblos de Colombia. Para la transición energética cambiarán las actividades económicas y modelos energéticos en el país y no se deben reproducir las injusticias existentes en los nuevos modelos y actividades. Las respuestas a los eventos climáticos extremos como tormentas tropicales o inundaciones deben incluir la dimensión de justicia climática tanto en la participación efectiva de las comunidades como en la resolución de situaciones históricamente injustas.
