Mientras las familias del Macizo Colombiano compartían natilla y buñuelos el 24 de diciembre, en los pasillos de la Alcaldía de Bolívar se cocinaba un negocio que hoy sacude a todo el sur del Cauca. En plena Nochebuena, la administración de la alcaldesa Sandra Liliana Rodríguez Dorado publicó los pliegos de un contrato ambiental por $27.931 millones, acompañado de una interventoría por $1.354 millones.
La fecha y el ritmo del proceso no pasaron desapercibidos. El cierre de la licitación fue fijado para el jueves 5 de febrero a las 8:30 a. m., un plazo que expertos en contratación califican como inusualmente corto para un proyecto de semejante cuantía. Veedurías ciudadanas advierten que este tipo de cronogramas exprés suele abrir la puerta a los llamados “pliegos sastre”, hechos a la medida de un ganador previamente identificado.
Pero el escándalo no termina ahí. El objeto contractual plantea la implementación de acciones de conservación en áreas estratégicas del Macizo Colombiano, incluyendo municipios como Almaguer, Florencia, Mercaderes, Patía y Sucre, territorios que no están bajo la jurisdicción administrativa de Bolívar. Juristas consultados señalan que esta expansión territorial exige soportes legales sólidos que, hasta ahora, no han sido socializados públicamente.
El episodio revive un antecedente incómodo. El 31 de diciembre de 2024, mientras el Cauca despedía el año, la misma Alcaldía firmó otro contrato ambiental por $10.572 millones, con un objeto casi idéntico. El plazo era de 12 meses y debió concluir el 31 de diciembre de 2025. Hoy, comunidades del Macizo preguntan sin rodeos: ¿dónde están las obras, los viveros y las áreas restauradas? La ausencia de resultados visibles alimenta la desconfianza.
En el trasfondo político aparece un nombre recurrente: Jorge Alaberto Macías Rosero, exalcalde de Bolívar y actual gerente de Emcaservicios. Fuentes locales lo señalan como figura clave en el engranaje de poder que rodea a la actual administración. La coincidencia de fechas, montos y actores refuerza la percepción ciudadana de una estructura de contratación repetida.
Ante la inminencia de la adjudicación, crece el llamado a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía para que intervengan de manera preventiva. La conservación ambiental no puede convertirse, según advierten líderes sociales, en la coartada perfecta para feriar recursos públicos en silencio. La lupa periodística y ciudadana queda encendida.
