Colombia busca ser un referente internacional para los derechos de las mujeres, y para ello ha hecho un progreso significativo en el desarrollo de leyes para promover la igualdad de género y mitigar los casos de violencia contra la mujer.
Algunos avances constitucionales frente a esta problemática han sido, por ejemplo:
- Los Lineamientos de la Política Pública para la Equidad de Género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias aprobados en el 2012.
- La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, con disposiciones importantes sobre la igualdad de género.
- La Ley 1257 del 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
- La Ley 1719 del 2014, por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado.
Aunque estas y otras normas proporcionan un marco legal sólido para avanzar en la defensa de los derechos de las mujeres, aún siguen existiendo desafíos para su plena aplicación, especialmente es regiones rurales donde hay poca o casi ninguna presencia estatal para reducir los índices sobre violencia contra la mujer.
De tal modo que una de las mayores preocupaciones a nivel general, es que a pesar de que el país está atravesando una etapa de crecimiento económico y de desarrollo humano, todavía hay brechas de género, sobre todo en las esferas política y económica que dejan relegadas a las mujeres en el contexto social.
Cifras sobre la violencia contra las mujeres
Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 2015 y 2019 se reportaron 27.594 casos de violencia a niñas y mujeres adolescentes. La población más afectada fueron las niñas y adolescentes entre 10 a 14 años con 9.893 casos, seguidas de las de 15 a 14 años, es decir, que en Colombia la población más vulnerable son las mujeres menores de edad.
Otra cifra igualmente desgarradora es el índice de mujeres asesinadas. En cuanto a feminicidios durante el 2021, alrededor 1.000 mujeres fueron asesinadas. De hecho, cuatro de cada 10 asesinatos de mujeres en Colombia son cometidos por la pareja, expareja, familiares o personas conocidas de la víctima.
Violencia de género en emergencias humanitarias
Las emergencias humanitarias en Colombia traen consigo una variedad de formas de violencia contra la mujer, como la violencia sexual y la explotación sexual en los conflictos a menudo relacionadas con el reclutamiento de niñas y adolescentes, la Violencia Basada en Género (VBG), así como la violencia íntima, que son una realidad diaria para las mujeres.
Para el año 2022, se estipuló que más de 2 millones de mujeres y niñas estaban bajo riesgo de sufrir violencia de género; de las cuales, 330.000 pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes que viven en la región del Pacífico del país.
Más alarmante aún, los niveles más altos de sufrir cualquier tipo de violencia, afecta a mujeres expuestas a múltiples discriminaciones ya sea por desplazamiento forzado, discapacidad, LGTIBQ+, etnia y estrato socioeconómico.
Desigualdad económica
A pesar de que en Colombia se ha formado una de las generaciones de mujeres más educadas, con el 54,4% de quienes se gradúan de las universidades, respecto a décadas anteriores, su talento, capacidad y conocimientos no se refleja en la misma proporción en oportunidades laborales, de desarrollo, ni de ingresos en comparación con los hombres.
En este sentido, antes de la pandemia por Covid-19, existían brechas para las mujeres en la economía respecto a los hombres: 20% menos de participación en el mercado laboral, brecha salarial en su contra del 17.5% y el desempleo mayor en 5.1%.
Incluso, según la más reciente medición del DANE, las mujeres dedican aproximadamente, entre 7 y 8 horas diarias a actividades de cuidado no remunerado, mientras que los hombres lo hacen entre 3 y 4 horas.
No obstante, esta problemática se agraba en los territorios rurales, en cuanto a las mujeres campesinas, que representan el 47,2% de la población rural total en Colombia, enfrentan una brecha de ingresos del 33% en comparación con los hombres campesinos que, aun así, es un 20% más alta que la brecha salarial de las mujeres que viven en las ciudades.
La mujer en la actividad política
Con el actual gobierno, el Congreso de la República está conformado por 295 escaños, de los cuales, solo 85 serán ocupados por mujeres, lo que representa un aumento de 31 diputadas más que en el actual periodo.
De esta manera, Colombia estaría por encima del promedio mundial de participación de mujeres en parlamentos con el 25,5%, y más cerca del estándar de la región de las Américas con el 32,4%.
En comparación, las mujeres en cargos de elección popular a nivel territorial en el periodo 2020 y 2023, han tenido una disminución considerable, pues en las Asambleas Departamentales las mujeres representan el 17,5%, en los Concejos Municipales el 17,9%, en las Gobernaciones tan solo el 6,3%, lo que representa 2 de 32 gobernaciones.
Esto demuestra una reducción con respecto al período anterior, en el que se eligieron cinco gobernadoras, lo que representa el 15,6% a nivel nacional, y en las alcaldías con el 12%, dos de ellas en ciudades capitales como Bogotá D.C. y Santa Marta.
La Mujer como constructora de Paz y Seguridad
Los efectos de la violencia contra la mujer en el contexto del conflicto armado los experimentan mujeres de todas las edades y territorios. Ellas son víctimas de actos de amenazas, asesinatos, terrorismo, torturas, desapariciones, esclavitud sexual, violaciones, abuso sexual, embarazos y abortos forzados.
La violencia en el conflicto armado ha generado el desplazamiento interno de más de 2.700.000 mujeres (cerca de 6% de la población total del país y el 51% del total de personas desplazadas). De las cuales, el 15,8% de las mujeres desplazadas declararon haber sido víctimas de violencia sexual.
Así mismo, las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas se han visto afectados de manera desproporcionada por la violencia derivada del conflicto; de 3.445 casos de homicidios de personas indígenas y afrocolombianas, más de la mitad eran mujeres.
No obstante. tras la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP, se logró incorporar un enfoque de género con medidas para resarcir el daño provocado especialmente hacia las mujeres.
De esta manera, muchas mujeres han logrado reconstruir sus historias en el marco de la paz y la convivencia, se han convertido en tejedoras sociales, lideresas, emprendedoras, científicas y sobre todo defensoras de los derechos de las mujeres.
