La vergüenza de ‘la limpieza social’

Un grupo de hombres armados irrumpió en un establecimiento de ocio nocturno en la zona rural del municipio de Rosas, hizo apagar la música, reunieron a la gente que se encontraba en el local y les informaron que buscaban a tres sujetos señalados de cometer hurtos en la Panamericana, posteriormente los hicieron salir y los ejecutaron. Las propias autoridades de Policía del departamento del Cauca confirmaron que las tres víctimas harían parte de la banda delincuencial ‘Los Tamos’, de dicada a la ‘Piratería Terrestre’.
Es otro triste episodio de la llamada limpieza social que vienen realizando estas organizaciones subversivas. Y cada vez son más frecuentes por todo el Cauca. Hace un año, por estas mismas fechas ocurrió en Tibú, Norte de Santander uno de los tantos sucesos que quedarán en las páginas del horror en nuestro país. Allí un niño y un joven fueron ajusticiados por un grupo armado al margen de la ley, supuestamente por cometer un hurto menor en un establecimiento comercial.
Estos hechos fueron en su momento repudiados a nivel nacional e internacional y ahora han quedado en el olvido. La ‘limpieza social’ es un eufemismo para suavizar un tipo de violencia que tiene que ver con un exterminio, masacre o matanza.
En varios municipios del Cauca no existe presencia del Estado y son las organizaciones subversivas las que imponen la ley, es muy probable que se puedan presentar este tipo de ejecuciones extrajudiciales.
La ‘limpieza social’ ha sido ejecutada mayoritariamente por los grupos paramilitares y grupos de la Fuerza Pública de Colombia, pero no es exclusiva y también ha sido usada en menor medida por los grupos guerrilleros. El exterminio social en Colombia ha permanecido oculto y la ausencia del Estado permite su legitimización. Es necesario crear políticas públicas para combatirla. Ni siquiera el Código Penal de Colombia habla del crimen del exterminio social, cuando muchos especialistas creen que se trata de un delito de lesa humanidad.
En un estado de derecho en el que vivimos y un sistema supuestamente democrático es intolerable que se sigan dando estos casos. Y peor si se trata de menores de edad. En estos crímenes queda demostrada la incapacidad del Estado para administrar justicia y para proteger la vida de los ciudadanos.