El conflicto armado y la delincuencia organizada han dejado de ser un problema exclusivo de las regiones rurales y se han instalado en las ciudades, siendo Bogotá uno de los principales focos de esta preocupante expansión. Un informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), titulado “Mapa del delito: la urbanización del conflicto en Colombia”, revela cómo los grupos armados ilegales han logrado camuflarse dentro de las organizaciones criminales locales, aprovechando el caos en la seguridad de la capital.
De acuerdo con este estudio, en Bogotá operan al menos 86 estructuras criminales que tienen presencia en localidades como Tunjuelito, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos. Estas organizaciones se disputan el control de economías ilegales que incluyen narcotráfico, microtráfico, extorsión, tráfico de armas, prostitución y venta de licor adulterado.
El concejal Rubén Torrado advirtió sobre la magnitud del problema al señalar que dentro de estas organizaciones se encuentran tres Grupos Armados Organizados (GAO), entre ellos el ELN y el Clan del Golfo, además de tres Grupos Delictivos Organizados (GDO) como el Tren de Aragua y la Oficina de San Andresito. Asimismo, resaltó que 80 Grupos de Delincuencia Común Organizados (GDCO) están dedicados a delitos como hurto y extorsión.
La realidad de la inseguridad se siente en las calles, donde los robos y las agresiones se han convertido en el día a día de los ciudadanos. Torrado relató algunos casos que evidencian la crisis: una mujer fue asaltada con cuchillo cerca del Ministerio de Vivienda, una joven fue despojada de su bolso y celular en la calle 85 con carrera 15, un mensajero fue víctima de robo en Soacha y, en un conjunto cerrado, una banda engañó a una residente con el pretexto de reparar una fuga de agua para luego amordazarla y robarla durante horas.
Para enfrentar esta crisis, el Concejo de Bogotá ha promovido iniciativas que buscan fortalecer la seguridad. Entre ellas, el Proyecto de Acuerdo No. 186 de 2025, liderado por el concejal Rolando González y respaldado por Torrado y Andrés Barrios, que busca establecer una estrategia distrital de autocuidado y autoprotección para prevenir hurtos y acosos en la ciudad.
Sin embargo, la tarea es compleja y el nuevo comandante de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho Zambrano, asume un reto enorme en un contexto donde la extorsión, el sicariato y el narcotráfico han crecido de manera alarmante. La inseguridad ha dejado de ser un fenómeno aislado y ahora involucra a los grupos criminales más peligrosos del país.
Ante este panorama, la ciudadanía se pregunta: ¿cómo recuperar la confianza en las instituciones de seguridad? ¿Es posible devolverle la tranquilidad a las calles de Bogotá? ¿Qué estrategias deben implementarse para combatir eficazmente el crimen organizado? La respuesta a estas preguntas será clave para definir el futuro de la seguridad en la capital.
