Diversos sectores políticos y judiciales no vacilaron en describir el cerco llevado a cabo por la Marcha como un acto de secuestro.
Las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro Urrego y respaldadas por el Gobierno resultaron infructuosas. En primer lugar, no alcanzaron una participación masiva y, en segundo lugar, culminaron en un incidente descrito como un “secuestro colectivo” en el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá.
A mediodía, apenas se supo que ninguna de las candidatas logró obtener los votos necesarios para ser elegida como fiscal general en la votación de la Corte, un conjunto de manifestantes bloqueó las entradas y salidas del edificio que alberga y simboliza el poder judicial colombiano. La multitud buscaba acorralar y presionar a la Corte para forzar la elección del fiscal de manera no convencional.
Por un lapso de cinco horas, tanto los magistrados como otros empleados se vieron imposibilitados de abandonar el edificio. Fueron cercados por los manifestantes que bloquearon de manera estratégica las entradas de los estacionamientos en la carrera octava y la calle 12.
La situación crítica llevó a que los escasos agentes de policía presentes en el Palacio de Justicia colocaran una barrera alrededor de todo el edificio. Esto se hizo con el objetivo de prevenir un ingreso violento por parte de algunos manifestantes que llevaban consigo banderas del M-19 y del Partido Comunista.
Margarita Cabello, expresó inquietud por los acontecimientos y instruyó al director de la Policía Nacional, general William Salamanca, a tomar medidas inmediatas y esenciales para salvaguardar la vida e integridad de los magistrados, empleados de la Rama Judicial y periodistas retenidos.
