“Por confiar, lo perdí todo”
La historia de la doctora en matemáticas Ana Mercedes Pérez, quien dedicó décadas de su vida a la docencia en la UPTC, se ha convertido en un grito de alerta para quienes ven la figura de “codeudor” como un simple respaldo.
En 2008, la profesora firmó como garante del entonces colega Héyder Carlosama, quien solicitó un crédito educativo para realizar un doctorado en la Universidad de Berkeley. Pero nunca terminó los estudios, y desde entonces, desapareció sin saldar su compromiso académico ni económico con la institución.
Hoy, Ana Mercedes no solo enfrenta una deuda superior a los $1.200 millones, sino que ha perdido sus bienes, vive con lo justo y sufre problemas de salud derivados del estrés.
El valor inicial del crédito era de $320 millones, pero los intereses han ido creciendo hasta incrementarse, según registros judiciales, en más de $12 millones mensuales.
El otro codeudor también desapareció. La universidad, desde 2016, ha iniciado un proceso legal para recuperar el dinero. Y mientras el tiempo avanza, la deuda sigue creciendo… y ella pagando.
¿Qué significa ser codeudor?
En Colombia, ser codeudor es adquirir la misma responsabilidad legal del titular del crédito. No es un respaldo “por si acaso”. Es un compromiso financiero de igual magnitud.
Cuando el deudor principal no paga, el codeudor responde con su patrimonio. Tal como está ocurriendo con la profesora Pérez, a quien ya se le embargó el único bien que conservaba: el derecho de uso de un lote en una vereda de Paipa, donde alguna vez soñó con construir su refugio de vejez.
El problema no solo es económico. También es emocional, social y de salud. Porque cuando el otro desaparece, la carga cae por completo sobre los hombros del que creyó estar ayudando.
¿Y ahora qué?
La defensa de la profesora propone a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia una estrategia para ubicar al profesor Carlosama o llegar a una conciliación. Hasta ahora, la UPTC no se ha pronunciado públicamente.
El abogado de la profesora lo resume así, y aquí va su declaración, palabra por palabra, como debe ser:
“El proceso solo terminará si Héyder aparece, si hay conciliación, si se paga la deuda o con la muerte de los involucrados”, señala el abogado de la docente.
Una frase dura. Real. Y dolorosa.
Más que una advertencia, una lección
Este caso no debería pasar desapercibido. No es solo la historia de una mujer mayor endeudada por otro. Es un espejo de lo que le puede pasar a cualquiera. Porque los codeudores no son asegurados por la buena fe, sino por la ley. Y la ley no perdona la firma.
Firmar como codeudor implica poner en juego los ingresos, los bienes, la estabilidad emocional, la salud y la vida misma.
¿Vale la pena ese riesgo? ¿Hasta qué punto la confianza justifica una carga que puede perseguir hasta el final?
El silencio de la institución también duele
Mientras la profesora enfrenta sola la deuda y sus consecuencias, la universidad guarda silencio. Y ese silencio duele.
Porque fue una institución pública la que otorgó el crédito. Y es una mujer de esa misma casa de estudios la que hoy sufre el castigo completo.
¿No hay ninguna medida solidaria o humana para abordar un caso como este? ¿No existe un comité de ética, una instancia conciliadora, una revisión del caso más allá del proceso legal?
Cuando las instituciones se callan, las personas se desgastan.
Firmar como codeudor no es un favor simbólico. Es una responsabilidad real, que puede costar hasta la tranquilidad de tu vejez.
La deuda que no era suya… pero ahora sí lo es
La historia de Ana Mercedes Pérez no debería repetirse. Y mucho menos, ignorarse.
Firmar como codeudor puede parecer un gesto noble, pero es un compromiso legal que no admite excusas, ni olvidos, ni desaparecidos.
Hoy, una profesora boyacense está pagando no solo una deuda económica, sino una cadena de consecuencias por haber confiado en el proyecto académico de un colega que nunca cumplió y nunca volvió.
Y mientras eso pasa, la deuda crece, la salud se quiebra, y el sueño de una vejez digna parece cada vez más lejos.
