La Fiscalía General de la Nación investiga al exalcalde de Belén, Óscar Eduardo Boada Castro, por la presunta creación ilegal de la empresa de servicios públicos ECOSERVICIOS BELÉN ESP. Según el ente acusador, Boada habría violado la ley al aprobar la constitución de la empresa sin cumplir los requisitos legales. Si la justicia lo encuentra culpable, podría enfrentar hasta 12 años de prisión y una multa de 390 millones de pesos.
Una empresa en el ojo del huracán
Boada Castro, al parecer, ignoró las normas que rigen la creación de nuevas empresas públicas. Este hecho ha despertado dudas sobre la transparencia del proceso. Algunos creen que el exalcalde quiso desplazar a SERVIBELÉN, la empresa que tradicionalmente manejaba los servicios públicos, para tomar el control de contratos y recursos municipales.
Esta estrategia no es nueva en la política regional. Varios alcaldes han creado empresas públicas bajo el argumento de mejorar los servicios. Sin embargo, en muchos casos, han utilizado estas entidades para ubicar personas de confianza y manejar el presupuesto sin mayores controles.
Más nombres en la investigación
El caso no solo salpica a Boada. La aprobación del Acuerdo 03 de 2021, que permitió la constitución de ECOSERVICIOS, también pone bajo la lupa a Álvaro Toledo Uribe, presidente del Concejo, y a los exconcejales Fabio Alexander Sisa y Arturo Espíndola. Si la justicia demuestra que aprobaron la medida con pleno conocimiento de su ilegalidad, podrían enfrentar las mismas consecuencias penales que el exalcalde.
¿Fuego amigo?
La denuncia que destapó este escándalo proviene de un exconcejal del mismo partido de Boada Castro. Este hecho sugiere que hay disputas internas en juego. Mientras la justicia avanza, la comunidad exige respuestas. ¿Fue este un intento legítimo por mejorar los servicios públicos o un nuevo caso de oportunismo político disfrazado de gestión?
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