En un tono firme y sin titubeos, el representante a la Cámara por Boyacá, Eduar Alexis Triana Rincón, rechazó cualquier intento de vincularlo con los hechos revelados en una reciente publicación periodística, en la que se menciona su nombre en el contexto de un expediente judicial sobre la llamada “lista negra de esmeralderos”.
A través de un comunicado público, el congresista desmintió categóricamente haber tenido relación alguna con las actuaciones judiciales que, según la nota, se habrían originado en la cárcel La Picota hace varios años y estarían relacionadas con su padre, Horacio Triana. “No existe, ni ha existido, ninguna vinculación jurídica a mi nombre dentro del proceso que se adelantó en contra de mi padre, el cual ya fue resuelto por las respectivas instancias judiciales”, enfatizó.
Triana también aseguró que los hechos mencionados en el artículo datan de tiempo atrás y han sido objeto de actuaciones procesales en las que jamás ha sido citado, ni siquiera como testigo. En ese sentido, calificó de irresponsable cualquier intento de relacionarlo con situaciones judiciales ajenas a su vida pública.
El representante recordó su paso como alcalde de Maripí (2016-2019), periodo en el que, según sus palabras, fue reconocido nacionalmente por su gestión administrativa. En su actual ejercicio legislativo (2022-2026), afirmó mantener un compromiso visible con los derechos de los boyacenses a través de proyectos de ley, constancias y debates de control político.
De fondo, Triana denunció lo que podría interpretarse como una estrategia para vincularlo injustamente a hechos sin sustento probatorio, solamente por su origen en una región históricamente estigmatizada por la actividad esmeraldera.
En medio de este escándalo mediático, queda una pregunta en el aire: ¿quién se beneficia realmente con la sombra que se pretende proyectar sobre la figura de Eduar Triana?
