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Viernes, Marzo 22, 2019 - 16:56

La Fiscalía capturó a 13 personas que habrían diseñado un esquema ilegal para conseguir medicinas de contrabando, vencidas, en mal estado de conservación o adulteradas que, posteriormente, eran vendidas como productos originales a EPS y hospitales.

Las diligencias  se cumplieron en Bogotá, Ibagué, Cúcuta y Palermo (Huila), y en ellas fue incautada más de media tonelada de productos farmacológicos para tratar enfermedades como la hemofilia, el cáncer, VIH/ SIDA, entre otras.

Crear empresas de comercialización de medicamentos, ofrecer sus servicios a EPS, hospitales y clínicas, y quedarse con los contratos de suministro para pacientes con enfermedades catastróficas y de alto costo, era parte del esquema criminal detectado por la Fiscalía General de la Nación y que habría diseñado una organización dedicada a la adquisición ilícita y clandestina de complejos tratamientos farmacológicos.

El material probatorio daría cuenta que la cadena criminal inició en Ibagué (Tolima) con la constitución de la Fundación Vida y Salud (Fundasalud IPS) y Fundasalud Gold, dos Institutos Prestadores de Salud que, en el papel, cumplían los requisitos de ley y vendían medicinas al Hospital Federico Lleras Acosta para atender personas con enfermedades como la hemofilia, cáncer, problemas renales y VIH/SIDA.

En año y medio de investigaciones se constató que, al parecer, la red criminal no conseguía la mercancía con los laboratorios científicos certificados, por el contrario, recurrió a distintas maniobras ilegales para abastecerse de medicinas, muchas de ellas habrían llegado vencidas, en precario estado de conservación y con múltiples alteraciones, aun así, fueron entregadas a los pacientes del Hospital Federico Lleras Acosta.

Con un andamiaje ilícito definido y con la conformación de otras empresas como Distrimedical S.A.S., farmacias y operadores logísticos, la organización estableció un monopolio criminal y acaparó los convenios con, por los menos, seis EPS de Tolima, y luego se extendió a Medellín y Puerto Berrío (Antioquia), Manizales, Florencia, Tunja y Cúcuta.

De esta forma, la red delincuencial se encargaba exclusivamente del abastecimiento de medicamentos a pacientes de EPS y cubría la entrega de tratamientos de alto costo que, en atención a fallos de tutela, los centros asistenciales debían cumplir periódicamente. En el curso de proceso está documentado que algunos usuarios del sistema de salud no recibieron sus tratamientos y aun así aparecen sus firmas como si se los hubieran entregado.

Gracias al trabajo de un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, y a la evidencia física y técnica recopilada, todos los integrantes del monopolio criminal fueron identificados, se conoció que obtenían ganancias de hasta mil millones de pesos por convenio, y quedaron al descubierto las vías ilícitas que usaban para conseguir los medicamentos, algunas de ellas son:

Ingreso de medicinas de contrabando de Ecuador y Venezuela. Estos productos entraban al país sin respetar la cadena de frío o las medidas de conservación, y eran trasladados hasta distintos puntos del país donde les alteraban las fechas de caducidad y los lotes de fabricación para darles una apariencia de legalidad.

Compra de medicamento descontinuados o vencidos. Hay evidencia de que la organización ubicaba hogares geriátricos y otros institutos de salud, y les compraban los medicamentos que daban por descontinuado, por caducidad o mal estado.

Adquisición de mercancía a pacientes. Está certificado que algunos integrantes de la estructura contactaban pacientes con enfermedades catastróficas y les compraban, a bajo costo los medicamentos que les entregaban las EPS; así sacaban al mercado y a mayor precio las medicinas de uso restringido.

Capturas

La Fiscalía General de la Nación, a través de su policía judicial CTI, hizo efectivas 13 órdenes de captura contra los presuntos integrantes de la organización ilegal y realizó 15 diligencias de registro y allanamientos en Bogotá, Ibagué, Cúcuta y Palermo (Huila). En las diligencias fue incautada algo más de media tonelada de medicamentos que no cumplían con los requisitos de ley para su distribución, habrían sido alterados o generaban dudas sobre su origen.

Los detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías de Ibagué, Bogotá y Cúcuta y se les imputaron cargos por algunos de los siguientes delitos:

Concierto para delinquir.

Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales.

Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.

Enajenación ilegal de medicamentos.

Favorecimiento y facilitación del contrabando.

Doce (12) de los procesados aceptaron cargos y por disposición de los jueces recibieron medida privativa de libertad en sus lugares de domicilio.

Entre los capturados están:

Marco Antonio Ramírez Varón, señalado cabecilla de la estructura, representante legal y propietario de Fundasalud.

Mónica Liliana Ovalle Páez, regente de farmacia de Fundasalud y persona de confianza de Marco Ramírez. Actualmente trabaja en una sede de la unión temporal Tolihuila, en la que Fundasalud es el operador logístico encargado de la entrega de los medicamentos a pacientes del magisterio.

Yesid Wilches Machado, propietario y representante legal de la comercializadora Distrimedical A.S, señalado de adquirir fraudulentamente medicamentos de alto costo. Sería quien adquiría los tratamientos esenciales para la hemofilia.

John Arbey Albarracín Vélez, representante legal de Medline Pharma en Cúcuta. Esta razón social tiene como objeto la distribución de medicamentos de alto costo y vitales no disponibles.

Juan Gabriel Basto Granada, alias Mike, presunto coordinador de la cadena de comercialización de medicamentos.

Los demás vinculados a las investigaciones cumplían distintos roles de compra, venta y adecuación de los medicamentos.

Peligro para la salud

Con la desarticulación de esta estructura criminal y la incautación de algo más de media tonelada de medicamentos quedó en evidencia la gran cantidad de productos que eran conseguidos ilegalmente y de los que no habría certeza sobre sus componentes y efectos reales en la salud.

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