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Foto: @DefensoriaCol
Viernes, Abril 6, 2018 - 18:51

La Defensoría del Pueblo denunció este viernes que luego de los acuerdos de paz y en época de posconflicto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las Farc están copando territorios donde violan los derechos fundamentales y cometen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en su interés por controlar el narcotráfico y la minería ilegal.

En un evento realizado en Tumaco (Nariño), el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo entrega del informe ‘Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo’, en el que se solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales que adopten medidas para prevenir y proteger a la comunidad ante hechos de violencia y constreñimiento cometidos por grupos ilegales en varios lugares del país.

Algunas regiones afectadas por la presencia de actores armados que ejercen control sobre economías ilegales como el narcotráfico y la minería aurífera, son el corregimiento de Llorente en Tumaco y el casco urbano de ese municipio; Argelia, El Tambo, Suárez, y corregimientos de Caloto y Corinto, en Cauca; Buenaventura, en el Valle del Cauca; el corregimiento La Gabarra, y los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander. Tarazá, Caucasia y El Bagre, en Antioquia.

Estas zonas se han convertido en puntos de acopio y centro de transacciones en torno al narcotráfico, la compra ilegal de oro, negociaciones alrededor de insumos, precursores químicos, clorhidrato de cocaína y tráfico de armamento.

La Defensoría del Pueblo también advierte sobre la necesidad de que se realicen acciones de prevención, protección y disuasión de factores de violencia en relación con comunidades vulnerables que habitan en los sitios donde hay embarque de estupefacientes e importación de armamento, especialmente en áreas portuarias de Tumaco, El Charco, Guapi y Buenaventura, así como en puntos de fronteras terrestres, como Cúcuta, Puerto Santander y aledaños.

 

 

Por otra parte, se agrega que “en Nariño y Cauca se han configurado disputas entre agrupaciones residuales: norte del Cauca y Tumaco. En este escenario, las disputas entre grupos residuales impactan los derechos humanos de los pobladores”.

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