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Miércoles, Enero 30, 2019 - 12:11

La Corte Suprema de Justicia hizo un llamado de atención al juez tercero penal de control de garantías de Tunja, Carlos Bohórquez, quien se negó a evaluar pruebas que hubiesen permitido identificar a la persona que realizó amenazas contra el senador y excandidato presidencial,  Gustavo Petro en Twitter.

Más allá de detalles clave que pudieron surgir de estas pruebas, preliminarmente se estableció que el autor de los mensajes intimidantes contra Petro fue Roberto Carlos Díaz Bedoya, a quien durante un operativo de allanamiento efectuado en Bello, Antioquia, se le incautaron una tablet, un disco duro y dos computadores miniportatiles.

La Fiscalía ya había advertido que era necesario revelar antes del 19 de noviembre del año anterior información obtenida de estos elementos. Sin embargo, y tal y como dijo la Corte, el juez de Tunja se negó a evaluar la información aduciendo que no era de su competencia, y omitiendo que el fiscal, aprovechando su estancia allí, y en aras de evitar un vencimiento de términos, había presentado la solicitud a su despacho. 

Tal y como indicó el Alto Tribunal, ante la existencia de una urgencia por vencimiento de términos, cualquier juez con función de garantías debe revisar la información recolectada en una investigación judicial, algo que no ocurrió en este caso, por lo que se dio la orden estricta al juez Bohórquez adelantar la audiencia y legalizar estas pruebas.

“Vencimiento del término para solicitar la legalidad de la recuperación de la información (…) resultaba suficiente para que la audiencia en mención, se pudiera realizar ante los jueces penales municipales con función de control de garantías de Tunja (…) se configura una de las excepciones al factor territorial”, señaló la Corte.

 

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