Judicial

La labor de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación y su equipo de investigadores permitió recopilar los elementos de prueba necesarios, para establecer la posible autoría en delitos contra la Administración Pública del juez segundo promiscuo municipal de Maicao (La Guajira), Vladimir Ernesto Daza Hernández.

El funcionario desde la clandestinidad se presentó de manera virtual a la audiencia ante juez penal de garantías para que le formularan los cargos por abuso de función pública y prevaricato por acción agravado. El imputado no aceptó su responsabilidad.

El juez de garantías estableció que Daza Hernández podría continuar con la actividad delictiva y por eso impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario y por lo tanto dictó una nueva orden de captura en su contra. El imputado continua prófugo de la justicia. Además, se determinó la separación del cargo al procesado y, para tal fin, envió oficio al Consejo Superior de la Judicatura notificando de su decisión.

El juez Daza Hernández en agosto de 2018 revocó la medida de aseguramiento y otorgó libertad inmediata a un hombre que fue privado de su libertad por otro juez. La decisión aparentemente fue tomada atribuyéndose competencias que no le correspondían y a pesar del concepto en contra expuesto por el fiscal del caso.

En diciembre de 2019 dejó sin efectos las medidas cautelares expedidas por el Tribunal Superior de La Guajira, que impedían la posesión del alcalde electo de Manaure.

Para enero de 2020 el juez promiscuo sustituyó la medida de aseguramiento a cuatro personas, aun cuando el proceso judicial era de San Andrés Islas y la audiencia se realizó sin presencia de la Fiscalía.  Daza Hernández sustentó su medida en que los privados de la libertad eran padres cabeza de familia, calidad que no fue justificada.

En contravía a la ley habría asumido competencia para dejar sin efectos el fallo de tutela de un juzgado en Medellín y otro en Bogotá que negaron la libertad condicional para una mujer vinculada con organizaciones criminales. Con su decisión ordenó su libertad.

El último de sus fallos que es investigado ocurrió en febrero de 2020, cuando revocó la medida de aseguramiento intramuros para tres personas judicializadas por porte ilegal de armas en Uribia (La Guajira). Su decisión se materializó dos días después de las audiencias concentradas a pesar de que la defensa apeló dicha decisión y no se contaba con la presencia de la Fiscalía.