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Viernes, Noviembre 15, 2019 - 08:22

La organización Human Rights Everywhere presentó el informe 'Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia', donde establece que en el país solo han sido juzgadas 337 de las 80.472 desapariciones forzadas registradas por el Centro Nacional De Memoria Histórica (CNMH).

El informe, liderado por Erik Arellana y Fidel Mingorance, detalla que los 337 casos hacen parte de un total de 7.700 investigaciones que se han abierto por desapariciones forzadas en Colombia.

“Nos hemos dado cuenta que de los más de 80.000 casos que registró el CNMH, solo 7.700 han sido investigados, y de esos solo 337 tienen sentencias condenatorias”, indicó Arellana durante la presentación del informe.

Arellana resaltó que tener solo 337 casos juzgados en desapariciones forzadas se traduce en un mapa de impunidad del 99,5%.

“Otro de los factores que nos parece importante resaltar para la entrega de este informe es que es un fenómeno nacional. De los 1122 municipios que tiene Colombia, solo 66 no registran desapariciones forzadas”, indicó el vocero de Human Rights Everywhere.

El informe se divide en cinco capítulos, donde además de las desoladoras cifras de la desaparición forzada en Colombia, se describen sus causas, su impacto político y su estrecha relación con el conflicto armado del país.

“Son elementos que nos parecen importantes resaltar junto con el tema de la impunidad, que es casi absoluta”, enfatizó Arellana.

El coautor de la publicación añadió que el informe también resalta el trabajo de organizaciones de víctimas que han buscado el reconocimiento del delito de la desaparición forzada en el país, lo que incluso ha causado el asesinato de familiares de desaparecidos, entre los que se encuentran Claudia Monsalve y Ángel Quintero.

“Eran familiares de desaparecidos que también fueron desaparecidos”, indicó Arellana durante el evento, en el que indicó que el informe también incluye un apartado sobre el impacto de los megaproyectos como el de Hidroituango en la búsqueda de las víctimas.

El informe fue entregado, durante el evento, a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia Iván González, Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli Arteaga.

Human Rights Everywhere, acompañada de organizaciones de víctimas como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y PoderPaz, les pidió a los magistrados de la JEP que se abra un caso colectivo en la justicia transicional colombiana sobre desapariciones forzadas.

“Nos permitiría avanzar en la construcción de una verdad imprescindible, compleja y seguro dolorosa”, afirmó Arellana al referirse a una eventual apertura del caso colectivo.

Iván González, magistrado de la JEP, indicó que el informe entregado por Arellana y Mingorance es el primero que recibe la Jurisdicción orientado hacia un caso particular de desaparición forzada.

“Conocemos la gran dimensión de este fenómeno durante el conflicto armado (…). Esperamos que en un corto plazo podamos empezar a trabajar sobre lo que nos aportan ustedes con su investigación”, aseveró González.

Gustavo Salazar, también magistrado de la JEP, indicó que la desaparición forzada debe ocupar un lugar central en la memoria de los colombianos. “No podemos entender que un solo evento de esos haya tenido lugar”, aseveró.

“Puede ser registrada como la mayor tragedia de desaparición en el hemisferio occidental”, indicó Salazar sobre ese fenómeno en Colombia ante decenas de familiares de desaparecidos que fueron testigos de la solicitud que se le hizo este jueves a la JEP.

Una de las familiares de las víctimas que se pronunció durante el evento fue Martha Soto, quien afirmó que los desaparecidos en Colombia siguen esperando que los busquen y que la JEP ponga su mirada en ese drama.

“Llevo 12.529 días con sus noches buscando a mi hermano, Jorge Soto, militante del Partido Comunista, y trabajando en la construcción de la Unión Patriótica. Esos mismos días en que extraño su sonrisa, en que sigo preguntando por qué se lo llevaron, sin respuesta”, aseveró Martha Soto.

Durante la presentación del informe, las organizaciones de víctimas concluyeron que la apertura del caso colectivo en la JEP permitiría identificar, entre otros aspectos, patrones, victimarios y pautas de desaparición forzada que se han dado en el país.

 

Agencia Anadolu

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