Opinión

Por Felipe Solarte Nates

 Inventando excusas para retrasar durante más de 5 años, el inicio de la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán,  la firma de ingenieros Solarte pide que les liquiden anticipadamente el contrato, exigiendo  $200.000 millones de indemnización, alegando demora en las negociaciones de predios con las comunidades y trámites de licencias ambientales, por las que culpa al Gobierno.
Así quedó expuesto después de la reunión ampliada sobre Concesiones viales en el Cauca, citada por el gobernador del Cauca, para tratar sobre el estado de trámite y ejecución de los diferentes proyectos viales con recursos nacionales que se ejecutan y planifican en el departamento.  El evento presidido por el gobernador Elías Larrahondo y con la presencia del senador Temístocles Ortega, el representante Faber Muñoz, varios diputados, alcaldes y concejales de varios municipios,  dirigentes de comunidades étnicas y campesinas, de gremios empresariales y de ingenieros del Cauca, contó como invitado especial al director de la ANI, Manuel Gutiérrez, quien denunció la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento por parte de los contratistas Solarte, con el propósito de ganarse $200.000 millones con argucias legales y sin poner una volquetada de arena para iniciar las obras. “Estamos exigiéndoles que cumplan el contrato o lo cedan”, ya que hay varias empresas contratistas internacionales interesadas en construir los cuatro tramos en que se ha dividido la construcción de la doble calzada Quilichao-Popayán.
La ANI hará todos los tramites técnicos y jurídicos para que el contrato no sea liquidado, porque de hacerlo significaría además de pagarles los $200.000 millones, mayor demora, al tener que adelantar nuevos estudios y abrir nueva licitación, ya que este contrato se firmó hace más de cinco años, en el parque Caldas y hasta ahora sólo hay una amarillenta y  gigantesca valla promocionando la construcción.
Representantes de comunidades campesinas, indígenas y afros, manifestaron que ellos no se oponen a la obra y que sólo hay que hacer pequeños ajustes técnicos, en cuanto a ubicación y mantenimiento de fuentes de agua, acueductos rurales y sus redes. Funcionarios de la ANLA expresaron que no hay mayor problema para ajustar las licencias ambientales, por lo que las excusas argumentadas por los contratistas quedaron expuestas sin fundamento.