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Martes, Octubre 15, 2019 - 08:19

En Popayán, como en todo el país, miles de estudiantes universitarios salieron a las calles como parte de la gran movilización nacional en defensa de la educación pública. Otra vez se presentó un gran caos en las calles. Los desmanes y enfrentamientos con el Esmad se han convertido en parte inherente a todas las protestas estudiantiles. Y le ponen un gran lunar a un movimiento social necesario y valioso. 
El gran propósito de la defensa de la educación pública entonces se diluye en acusaciones infructuosas entre estudiantes y autoridades por saber quién provocó a quien y si fue primero la papa bomba o el disparo de gas lacrimógeno. 
Violentos, encapuchados o infiltrados, le hacen un flaco favor a la lucha por la educación pública porque le hacen perder credibilidad frente a los ciudadanos de a pie, que terminan asociando las movilizaciones con un asunto de vandalismo y violencia, algo de lo que ya estamos saturados.
Los líderes de las marchas no deben permitir que la filosofía de la lucha de los estudiantes, que es la lucha de todos, se deslegitime por la acción de unos pocos violentos, que no se sabe bien que es lo que busca más allá de la destrucción.
Lo que sigue siendo reconfortante y que no debe quedar opacado por las acciones vandálicas es la  la multitudinaria participación en la movilización estudiantil por la defensa de la educación pública. El gobierno hace rato que quiere sacudirse las cargas presupuestales de las universidades oficiales, como si el futuro de un país no pasara por la educación incluyente, por su libre acceso.

Los presupuestos son exiguos y menguantes y las universidades a duras penas mantienen una existencia digna. La educación no es la prioridad para ningún gobierno, eso está claro, por más que los candidatos se desgañiten diciendo lo contrario en las campañas presidenciales. Es pues necesario que la comunidad educativa en cabeza de los estudiantes se mantenga firme,  vigilante. La defensa de la educación es la lucha más pertinente y justificada, como la defensa del derecho fundamental que es.  Las universidades públicas del país tienen un déficit de $1.4 billones en funcionamiento y $15 billones en infraestructura. Ningún esfuerzo que hagan los jóvenes para defender la educación se habrá perdido. Aquí no se trata de una pérdida para el empleadito oficial que tiene un puesto en la burocracia de la universidad, ni de los intereses del estudiante que necesita terminar la carrera antes de que las finanzas universitarias se vengan a pique, ni del profesor que lucha para que le suban el sueldo, se trata nada menos de un derecho, de una oportunidad, de un espacio, de un escenario fundado en el conocimiento que es patrimonio de todos los colombianos.          

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