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Martes, Marzo 2, 2021 - 12:40

Por: Felipe Solarte Nates

Por no haberlos invitado a reuniones previas y a la redacción del acuerdo, numerosas críticas de parte de voceros de los  principales gremios de agricultores, ganaderos, agroindustriales, e industriales y empresariales del Cauca y columnistas de prensa, desencadenó el reciente Pacto por la defensa de la vida, la paz y el territorio, firmado por iniciativa de la Gobernación del Cauca, la Asamblea departamental, la Asociación de Personeros de municipios del Cauca, la universidad del Cauca, la ESAP,  organizaciones indígenas y de comunidades negras y de campesinos propietarios de pequeños predios, que aportan el mayor número de víctimas entre los líderes   sistemáticamente asesinados en diferentes regiones del país y del departamento del Cauca.   

Y en parte tienen razón, porque, si de aclimatar la paz se trata, hay que considerar las versiones de todos los estamentos de la sociedad que han ejercido, han  sido víctimas de la violencia, o tienen conflictos por la propiedad de la tierra y la aplicación de planes de desarrollo y problemas ambientales.

 No hay que ignorar que  el sector productivo fue afectado por la acción de las FARC que secuestró a numerosas personas y en ocasiones atentó contra sus vidas y propiedades, lo que desencadenó, cuando se empezaban a instalar las industrias beneficiadas por la Ley Páez,  que algunos de ellos, en concurso con altos mandos de la Tercera Brigada, de la Policía, Fiscalía, dirigentes políticos, funcionarios de los departamentos y municipios del Valle y del Cauca y narcotraficantes como Gordo Lindo y Don Diego, se aliaran en el año 2000, para financiar la importación desde Córdoba y Urabá, de los integrantes del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, tal como está documentado en el informe que en julio de 2018 publicó el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, en un libro de más de 700 páginas  (puede descargarse gratuitamente  por internet:  https://centrodememoriahistorica.gov.co/bloque-calima-de-las-auc/), después de escuchar declaraciones de Heberth Velosa, “HH”, Jesús Roldán Perez (“Mono de leche”)  y otros cabecillas paramilitares del B. C., quienes después de desmovilizarse en el proceso de Justicia y Paz, ante funcionarios judiciales detallaron fechas de las reuniones, sus asistentes y el monto de los millones aportados para financiar sus operaciones y asesinatos planeados desde sus bases en  Jamundí, Timba y Lomitas (Santander de Quilichao) antes de extenderse al Pacífico a ejecutar la masacre del Naya, y  de continuar hacia Cajibio, Popayán, el Tambo y sur del departamento.  

En la página 16  del informe del CNMH  sobre el BC se lee: “El paramilitarismo en el suroccidente colombiano, expresado en esta agrupación, fue parte de la estrategia de incursión nacional y de intereses coaligados al mando de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) y su proyecto AUC. La línea de mando y la estrategia de actuación del Bloque Calima fueron siempre controladas y determinadas por las AUC, en especial por Vicente Castaño. El Bloque Calima pudo recurrir a un margen necesario y conveniente para sus propósitos de reclutamiento y financiación locales, así como para definir operaciones militares concretas, pero esto siempre fue efectuado en condiciones de subordinación. Las versiones coinciden en señalar compromisos y aportes directos de actores de élites regionales y locales, del empresariado y las grandes haciendas ganaderas y agroindustriales, quienes alentaron la actuación paramilitar como reacción al acoso guerrillero, consistente en acciones de extorsión y secuestro. Se evidencian también nexos y relaciones fluidas establecidas en el contexto de la incursión paramilitar con sus aliados diversos, entre ellos, determinados hacendados y empresarios, líderes políticos, mandatarios locales, integrantes de la fuerza pública y organismos de inteligencia, capos del narcotráfico y jefes paramilitares a distinto nivel.”

La perseguida y vilipendiada  JEP, fue creada para que todos los actores del conflicto, a cambio de menores penas, contaran la verdad de su real participación. Ya comandantes desmovilizados de las FARC están confesando y aceptando sus crímenes y algunos militares de mandos medios. Faltan que “terceros” o empresarios y políticos cuenten su participación en la financiación y ayuda logística a los grupos paramilitares.

La catalización de la violencia y el asesinato de líderes sociales  en medio de la profusión de grupos organizados después de no ocupar territorios abandonados por las FARC y de proponerse hacer “trizas el acuerdo de paz”, tal como lo plantearon destacados dirigentes del partido de gobierno, no sólo puede achacársele “al narcotráfico, la minería ilegal y enfrentamientos entre las disidencias y bandas criminales”.

Por esto son bienvenidos pactos como el de la defensa por la vida, el territorio y la paz, recientemente firmado por diversas instituciones y organizaciones sociales del Cauca, aunque faltaron los representantes de gremios empresariales para conocer los diversos puntos de vista e intereses y buscar soluciones concertadas para que no se perpetúen macabras experiencias

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