Por primera vez en su historia, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La decisión se basa en «indicios bien fundados» de que en México las desapariciones se practican de manera sistemática y generalizada. ONU pone a México en la mira: desapariciones forzadas tema a tratar.
El Comité señaló que, tras años de advertencias —en 2015, 2018 y 2022—, la situación ha escalado. Hoy, más de 127.000 personas permanecen desaparecidas en todo el país. El proceso podría terminar con una investigación formal desde la Asamblea General de Naciones Unidas, un hecho sin precedentes que sitúa a México en el foco internacional por su crisis de derechos humanos.
Sheinbaum rechaza las acusaciones: “En México no hay desaparición forzada”
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con contundencia a las declaraciones del Comité. Durante su conferencia del 8 de abril, afirmó que el Gobierno «no ordena, permite ni tolera» las desapariciones como política de Estado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también se pronunció, rechazando categóricamente las observaciones del CED. El argumento del Gobierno se centra en que las desapariciones derivan de la violencia criminal, no de una acción directa del Estado. Sin embargo, el propio Comité señala que la omisión, complicidad o aquiescencia de las autoridades también constituyen desaparición forzada según el derecho internacional.
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El Rancho Izaguirre y la crisis forense; ONU pone a México en la mira: desapariciones forzadas tema a tratar
Uno de los puntos que encendió las alarmas internacionales es el Rancho Izaguirre, en Jalisco, un lugar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La ONU solicitó medidas cautelares para proteger las fosas comunes halladas en este predio, considerado un centro de detención y exterminio clandestino.
Además de las desapariciones, México enfrenta una crisis forense. Según datos de la ONU, más de 50.000 cuerpos sin identificar se encuentran en servicios forenses y fosas comunes. El Comité estima que se necesitarían hasta 120 años para identificarlos a todos con los recursos actuales.