En el marco del Plan Democracia 2026, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lidera un operativo relámpago en la frontera con Venezuela tras el hallazgo de cruces masivos e irregulares. Más de 2.400 personas habrían ingresado al país por puntos no autorizados durante las primeras horas de la jornada electoral.
El uso de tecnología de punta, incluidos drones con cámaras térmicas y de alta resolución, permitió identificar el modus operandi de estas redes. Los videos muestran la coordinación entre balseros y conductores de buses para evadir los controles migratorios que el Gobierno estableció para este domingo.
«El ingreso al país debe realizarse únicamente por los puestos de control establecidos», recordó el ministro Sánchez a la opinión pública. El cierre de frontera es una medida estándar en periodos electorales, y su violación sistemática ha generado una movilización inmediata de tropas de la Fuerza Aeroespacial y el Ejército.
Además del control físico de la frontera, el ministro confirmó que hay investigaciones en curso sobre la financiación de este despliegue logístico. Se sospecha que el trasporte de estos miles de personas obedece a intereses que buscan viciar la transparencia de los resultados legislativos en departamentos como Norte de Santander y La Guajira.
Sánchez advirtió a los transportadores y propietarios de embarcaciones que prestarse para estas actividades puede costarles su patrimonio. La extinción de dominio es la herramienta legal con la que el Estado responderá ante cualquier empresa que facilite el fraude electoral mediante el trasporte ilícito de personas.
A esta hora, las autoridades de Policía y Migración Colombia realizan censos y verificaciones en los buses interceptados en la vía. Se busca identificar si los pasajeros cuentan con la doble nacionalidad habilitada para votar o si están siendo utilizados como parte de una red de suplantación.
El ministro cerró su intervención invitando a todos los colombianos a votar con libertad y sin miedo, recordando que la línea 157 está activa para procesar denuncias de irregularidades. La seguridad en los 1.103 municipios del país se mantiene como la prioridad máxima para garantizar que gane la democracia.
