El presidente Gustavo Petro sorprendió este martes con un anuncio que podría marcar un cambio de rumbo en la política antidrogas del país. Tras la reciente escalada de violencia contra la Fuerza Pública en zonas de cultivos ilícitos y en medio de la amenaza internacional de descertificación, el mandatario abrió la puerta a la reanudación de la fumigación aérea con glifosato, práctica prohibida por la Corte Constitucional desde 2015.
“El uso de civiles como escudo para impedir la acción del Ejército es una táctica mafiosa. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, advirtió Petro en un mensaje difundido en su cuenta oficial de X.
El presidente hizo referencia directa a los recientes hechos ocurridos en el Cauca, donde 45 soldados fueron secuestrados temporalmente por campesinos y otros siete aún permanecen retenidos. Según el gobierno, estas acciones estarían vinculadas con la protección de cultivos ilícitos en zonas dominadas por disidencias de las FARC, en particular el grupo Carlos Patiño, integrado al Estado Mayor Central de Iván Mordisco.
El giro propuesto por Petro representa un cambio radical frente a su postura histórica. Durante su carrera política, el mandatario ha rechazado la aspersión aérea con glifosato, argumentando sus efectos dañinos sobre la salud humana y el medioambiente. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia y el uso de la población civil como herramienta de presión parecen haberlo llevado a reconsiderar la estrategia.
La fumigación con glifosato ha sido durante décadas uno de los temas más divisivos en Colombia. Mientras sectores de derecha la defienden como una herramienta efectiva contra el narcotráfico, organizaciones ambientales, comunidades campesinas e incluso organismos internacionales han cuestionado sus impactos. La Corte Constitucional estableció que cualquier intento de reanudarla debe cumplir estrictos requisitos de bioseguridad y participación comunitaria.
El anuncio de Petro ya generó reacciones encontradas. Voceros del Congreso advirtieron que la medida podría “profundizar el conflicto social en el campo”, mientras que sectores empresariales y de seguridad la ven como un “mensaje de firmeza” frente al narcotráfico.
En paralelo, las Fuerzas Militares continúan desarrollando la Operación Perseo en el cañón del río Micay, una de las zonas con mayor concentración de coca en el país. El gobierno insiste en que no renunciará a la búsqueda de alternativas de sustitución voluntaria, pero ahora reconoce que la aspersión aérea podría volver a formar parte del arsenal estatal contra las drogas ilícitas.
El giro anunciado por Petro reabre un debate nacional de alto impacto político, ambiental y social, en un país que sigue siendo uno de los mayores productores de cocaína del mundo.
