Piratería desatada

Por estos días se ha venido dando una protesta por parte de los transportadores de servicio público intermunicipal en la terminal de transportes de la ciudad de Popayán, que afortunadamente ya está llegando a su fin gracias a unos acuerdos logrados con la Administración Municipal. El motivo de este cese de actividades es el mismo del año pasado: la piratería.   
Como en ese entonces creemos que la protesta, no solo está plenamente justificada, sino que es el reflejo de un problema estructural que empezó a ganar intensidad con el inicio de la pandemia: el avance de la piratería en las rutas entre municipios. En ese momento, con la exigencia de medidas de bioseguridad, la legalidad salió perdiendo frente a los particulares que prestan el servicio. 
Los empresarios del sector coinciden en todo el país en que la piratería en la prestación del servicio se ha desbordado. Desde el gremio transportador se ha venido denunciando ante la Procuraduría, la falta de voluntad política y la poca gestión operativa para combatir el transporte ilegal e informal, por parte de las Secretarías de Tránsito y/o Movilidad municipales y regionales, así como por parte de entidades como el Ministerio de Transporte, la Supertransporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
Es común la denuncia sobre vehículos de todo tipo: vans, motocicletas, taxis, automóviles, haciendo recorridos ilegales entre capitales y municipios a plena luz del día y, también, a la vista de las autoridades que hacen controles en carreteras. Los trabajadores de este sector en Popayán básicamente consideran injusto que a ellos les exigen muchos requisitos para poder trabajar mientras que los ilegales pueden desempeñarse sin ningún control.  A las afueras de la terminal  payanesa se ubican moto trabajadores y conductores de servicios de transporte particular, los cuales impiden la libre movilidad y el desembarque de pasajeros. Es preocupante porque las autoridades no ejercen control sobre la piratería en detrimento de los trabajadores y empresarios que cumplen las normas. Si bien es cierto que el fenómeno de la piratería no va a desaparecer de las calles de las ciudades colombianas, pues es una de las tablas de salvación del desempleado, lo que no se puede tolerar es la piratería en las barbas mismas de las terminales terrestres, y en las rutas intermunicipales, pues las personas que se movilizan en esos vehículos no tienen garantías. Además esa especie de tolerancia, de ‘dejar hacer’ de las autoridades no hace más que estimular a que más vehículos quieran entrar al mercado y lo peor, que muchos de los que actúan en la legalidad, se pasen al transporte informal, como está ocurriendo en el gremio de los taxis.