Por Diego Jaramillo Salgado
Es un estereotipo afirmar que la Democracia es el gobierno del pueblo. Haciéndola surgir en la Atenas griega. Si la cultura occidental hace desprender sus principios de allí, solo son eso porque la participación era restringida, comenzando porque la esclavitud era considerada como natural. Luego, con el surgimiento del capitalismo, se les dio un contenido acorde con las libertades que requería este modo de producción para introducir la sociedad de mercado en que los individuos puedan acceder sin cortapisas a la compra y venta de mercancías. Se llegó a hablar de Democracia directa, como en el caso del filósofo francés Rousseau. Pero, posible en pequeños espacios territoriales, como Ginebra, su ciudad natal. A pesar de que la mayor parte de estados republicanos reconoce en el pueblo el origen del poder, esta tesis pasa a un segundo plano en cuanto la reducen a la función que ejercen quienes son elegidos. Sin entender que el poder no está en ellos sino en aquellos de quien emana; es decir, del pueblo. Por ello cuando se trasciende el campo de representación y se propicia la participación, la democracia adquiere el verdadero espíritu de los tiempos modernos.
En la historia política del país, desde que se produjo la independencia de la monarquía, ha primado la Democracia representativa. Centrada en los procesos electorales, hasta 1988 se hacía por congresistas, diputados a las asambleas y concejales. En ese año se efectuó la elección popular de alcaldes, aprobada en 1986 en una reforma constitucional. El pequeño cambio introdujo un lento proceso de pérdida de legitimidad de los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, acentuado con la nueva constitución de 1991. En ella se consagra la Democracia participativa como transversal a todos sus mandatos. Así se establece en al artículo 2 cuando asigna como “fin esencial del Estado (…) facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”. Mandato que encontró una férrea muralla en una cultura política dominante anclada en quienes dominan con un carácter aristocrático, racista, excluyente, machista y en función de intereses económicos y sociales.
El paso dado por el Gobierno nacional de realizar “diálogos regionales” para incorporar a amplios sectores de los más apartados lugares en el Plan Nacional de Desarrollo responde a esta orientación. Articulándola con un proceso de descentralización y de identificación de las prioridades de cada región, y con su vinculación a la búsqueda de lograr la “Paz total”. Es la forma más clara de “mandar obedeciendo”, respondiendo a lo ordenado por quienes lo elegimos. Qué tanto se podrá avanzar, la historia lo dirá.
