Definitivamente la actual clase política de Colombia está rematada de la locura. Pues si bien es cierto desde la ciudad de Bogotá, mientras los grandes eruditos de la política nacional hablan de cambiar la Constitución, en los departamentos de Nariño y Putumayo todavía no se cumple la Constitución Política de 1991.
En estos momentos donde la comunidad se encuentra y conversa, vuelve a aparecer una errónea idea que no es menor, convocar una constituyente. Esto sí que es verdad y estoy completamente de acuerdo con Valeria Díaz, una reconocida joven intelectual y lideresa del departamento del Putumayo que a través de su análisis nos muestra la realidad de la Amazonia y del resto de Colombia.
Y de mi parte como comunicador social y periodista que tenido la oportunidad de trabajar en delicados municipios de la región como Puerto Leguízamo y Tumaco, donde la violencia y la pobreza se siente a flor de piel, me pregunto ¿si la actual Constitución Política es el problema más apremiante de Colombia?.
Creo que esa es una pregunta que la mayoría nos hacemos, porque mientras en la capital de la república de Colombia se habla de reescribir las Leyes, en los departamentos de Nariño y Putumayo seguimos esperando que se cumplan las que ya existen.
Aunque la Constitución Política de 1991 no es perfecta, pero es clara, Valeria nos hace caer en algo muy importante; reconoce derechos fundamentales como la equidad, la participación, la presencia del Estado, la dignidad humana y los derechos colectivos. Lastimosamente el problema es que, en muchos territorios, como Nariño y Putumayo, esa Constitución Política aún no ha llegado.
En estas regiones, la realidad es otra; los periodistas seguimos viviendo la revictimización de las disidencias de las Farc, el predominio de la pobreza estructural, los jóvenes sin oportunidades, las vías rurales que no conectan y las veredas en el olvido. Además, los servicios básicos no son garantía, sino privilegio.
Además, seguimos con una inseguridad que crece y se normaliza, con una frontera apagada, desaprovechada, sin visión estratégica. Con territorios que se deterioran cada vez más por culpa de la minería ilegal, el narcotráfico y la deforestación sin control.
Frente a esos problemas a los que se suman las economías ilegales surge otra pregunta ¿de qué sirve cambiar la Constitución Política de Colombia, si no se cumple la que ya existe? Como eso no ha sucedido, es por ello que predomina un problema de gobierno que no está a su altura, decisiones que no se toman, recursos que no llegan, olvido a las víctimas del conflicto armado y los municipios que nunca han sido prioridad.
Colombia no está en crisis por falta de normas, está en crisis por falta de ejecución. Una constituyente puede ser un mecanismo legítimo, pero también es el más profundo y delicado: pues abre la puerta a cambiar todas las reglas del juego en un momento de incertidumbre.
Y cuando los territorios aún no han visto resultados con lo que ya existe, esa discusión se siente lejana. Por eso ahora más que reescribir el país, lo que necesitamos es que funcione para que el Estado llegue donde nunca ha llegado.
Que la seguridad sea una realidad y no un discurso, que la economía se mueva desde las regiones, la frontera sea oportunidad y no abandono y que el medio ambiente se defienda con acciones, no solo con palabras.
Pero sobre todo que la Constitución Política de Colombia deje de ser un simple documento y se convierta en vida cotidiana, porque la verdadera transformación no empieza en un nuevo texto, sino cuando los gobernantes cumplen lo que prometieron.
