La región atraviesa una alarmante crisis de seguridad que ha venido escalando en los últimos años. Durante el 2024 se registraron 79 muertes violentas, de las cuales 71 fueron catalogadas como homicidios, consolidando así la cifra más alta de los últimos 16 años. Esta preocupante estadística pone en evidencia una situación crítica que afecta profundamente a la comunidad.
En lo corrido del 2025, la violencia no ha dado tregua. Ya se ha reportado al menos un homicidio vinculado a líderes sociales, lo que genera una creciente preocupación por la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y promueven el desarrollo comunitario.
Ante este escenario, las autoridades locales han comenzado a tomar acciones. El secretario de Gobierno, Francisco Javier Cardozo, expresó que, junto al alcalde municipal, se están implementando medidas concretas con el objetivo de contrarrestar esta ola de violencia. Aunque no se detallaron cuáles serán estas acciones, Cardozo aseguró que se priorizará la articulación con fuerzas de seguridad, así como estrategias de prevención y atención a las causas estructurales de la criminalidad.
La comunidad espera que estas medidas se traduzcan en resultados reales que permitan recuperar la tranquilidad en la región. Mientras tanto, organismos sociales y defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de proteger la vida de los líderes sociales y de todos los ciudadanos, en un contexto donde la violencia se ha convertido en una amenaza constante.
