Un cuestionario preguntando por el uso de recursos bajo su responsabilidad, fue presentado por la Presidencia de la República al director nacional de la Unidad de Atención de riesgos y Desastres, el payanés, Eduardo José González Angulo.
La Presidencia, de la cual sale parte importante de los dineros públicos con los cuales trabaja la Unidad nacional para la gestión de Riesgos y Desastres, ha entrado en dudas acerca de la debida utilización de los mismos por parte del payanés Eduardo González, militante además de Centro Democrático, el partido de gobierno.
Cómo lo hizo?
El cuestionario que pasó el director administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, consta de 14 preguntas en la cuales se indaga por la forma en la cual el funcionario ha hecho uso de los dineros a su cargo, indagando sobre si dichos giros se hicieron guardando la normativa de contratación y observando la disponibilidad presupuestal que por ley debe tenerse.
La dirección administrativa preguntó a Gonzales si todos los contratos celebrados durante su administración están respaldados por el certificado de disponibilidad presupuestal o si se han celebrado algunos sin tener en cuenta este requisito, en el caso de las emergencias atendidas.
Y de igual manera preguntó bajo que régimen legal se hicieron esos gastos. Es decir, sin contar con el registro de disponibilidad presupuestal como ordenan las normas de contratación en Colombia. Registro que técnicamente se conoce como el CDP en el ámbito burocrático y político cuando se trata el tema.
Así mismo, el cuestionario pregunta si se han hecho transferencias de recursos públicos a entidades oficiales del orden nacional y territorial, o a entidades privadas para ser administrados por estas. Y de ser afirmativo, se interroga nuevamente, cuales son los documentos en donde se ordena hacer dichas transferencias.
¿Se hace seguimiento a estos recursos y se legalizan los documentos que sustentan el gasto por parte del receptor?, dice la quinta pregunta de un documento de dos folios en donde además se hace sustento jurídico de las mismas, bajo la Ley 1523 de 2012.