Desde el Congreso Nacional de Minería, realizado en Cartagena, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, anunció que emitió una directiva dirigida a evitar la indebida participación en política de los servidores públicos.
Sostuvo que se trata de un decálogo de advertencias dirigidas a garantizar un proceso electoral en paz y tranquilo, y agregó que en la misma “se hacen exhortos y advertencias a todo servidor público de cualquier orden territorial y a los particulares que ejercen por excepción funciones del Estado para que no vayan a incurrir en la violación de las prohibiciones y de las limitantes que le impone la Constitución, los tratados internacionales y las leyes vigentes».
Al intervenir en el panel ‘Seguridad y legalidad, un compromiso de la Nación’, junto con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el registrador nacional, Hernán Penagos, el Procurador también anunció que a la recién creada delegada para Asuntos Electorales se sumará otra delegada electoral, que se encargará de los asuntos técnicos, logísticos y operativos, reafirmando así el compromiso de la entidad por garantizar unos comicios transparentes y en paz.
Advirtió que “cada servidor público que se descarrile y rompa los límites de las prohibiciones e incurra en indebida participación en política recibirá inmediatamente la máxima sanción por mala conducta”.
Recalcó que, junto con el Contralor y el Registrador, “se han asumido esfuerzos para fortalecer la institucionalidad democrática en Colombia y para que se respete el calendario electoral”.
Tras rechazar la violencia y el secuestro de militares en el Guaviare, el Jefe del Órgano de Control reiteró su llamado a los colombianos para rodear la institucionalidad, indicando “que hay determinados puntos en donde se presentan fenómenos repudiables que hay que atacarlos para que no sigan existiendo”.
Por último, el Procurador General llamó la atención para que en las redes sociales no se siga utilizando su nombre o su función para hacer proselitismo político. Fue enfático en señalar que el “Procurador General no está en venta, no cede a los halagos, ni las insinuaciones de beneficios y tampoco se acobarda, no se deja presionar o amilanar. Ese es el Procurador que tienen ustedes”
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. Crisis humanitaria en Colombia: más de 74.000 desplazados y 113.000 confinados en 2025
Entre enero y julio de 2025, la violencia armada y las lluvias dejaron más de 74.000 personas desplazadas, 113.000 confinadas y casi 700.000 afectadas por desastres.
El más reciente Informe de Situación Humanitaria de Naciones Unidas alerta sobre el deterioro de la seguridad y la protección de comunidades en varias regiones del país. Solo en julio, más de 6.880 civiles fueron víctimas de ataques directos, una cifra 17 veces superior a la registrada en el mismo mes de 2024. Cauca, Amazonas y Nariño figuran entre los departamentos más golpeados.
Las restricciones a la movilidad y los confinamientos impuestos por grupos armados no estatales siguen siendo una de las prácticas más graves contra la población civil. En los primeros siete meses del año, 113.000 personas quedaron bajo encierro forzado, un aumento del 52 % frente al año anterior. Cauca, Chocó, Guaviare y Valle del Cauca concentran gran parte de estos casos, muchos de ellos ligados a paros armados y enfrentamientos en zonas rurales.
El desplazamiento forzado muestra una tendencia preocupante. Entre enero y julio, al menos 74.400 personas fueron víctimas de desplazamientos masivos, un incremento del 85 % respecto al mismo periodo de 2024. A esta cifra se suman más de 57.000 desplazados individuales, especialmente en Norte de Santander, Bolívar, Cauca y Valle del Cauca.
El uso de artefactos explosivos también repuntó. El informe registra un aumento del 94 % en comparación con 2024, con 5.351 personas afectadas. Se ha documentado el empleo de minas antipersonal, trampas explosivas e incluso drones con cargas explosivas, lo que eleva el riesgo para comunidades en Cauca, Norte de Santander y Antioquia.
A la violencia armada se suma el impacto de los desastres naturales. Durante la actual temporada de lluvias, más de 694.000 personas han resultado afectadas por inundaciones y deslizamientos, sobre todo en departamentos de la Amazonía y la Orinoquía como Arauca, Guaviare, Putumayo, Caquetá y Amazonas. Estas emergencias han destruido viviendas, escuelas y vías, agravando la crisis de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales.
El informe advierte que la población más golpeada son los pueblos indígenas (20 %), las comunidades afrocolombianas (22 %) y los niños, niñas y adolescentes (14 %). Municipios como Tibú y Ocaña (Norte de Santander), Tumaco (Nariño), López de Micay (Cauca) y San José del Guaviare aparecen entre los más afectados.
La ONU concluye que Colombia enfrenta un escenario humanitario complejo, marcado por la combinación de conflicto armado y emergencias naturales, lo que exige respuestas urgentes y coordinadas para proteger a las comunidades.
