El ente de control investigará si funcionarios del Inpec incurrieron en faltas disciplinarias.
Luego de que se denunció la existencia de un presunto cartel dentro de la cárcel La Picota, de Bogotá, en el que presos pagarían a funcionarios del Inpec para acceder a beneficios, la Procuraduría General de la Nación anunció que se abrirá una indagación previa
En este cartel se hacían, según las denuncias, cobros a personas privadas de la libertad, por parte de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Por ese motivo, el Ministerio Público indagará si integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia y funcionarios administrativos de La Picota ofrecían, a cambio de dinero, servicios ilegales a las personas privadas de la libertad, como permisos para salir, visitas no permitidas, ingreso de armas, drogas y licor, entre otras irregularidades.
Con esta indagación, el órgano de control buscará identificar a los presuntos responsables de los cobros denunciados y determinar si se presentaron faltas disciplinarias por parte de los servidores.
Para ese propósito se decretarán pruebas y se harán interrogatorios, registros, declaraciones y análisis técnico-científicos que buscarán aclarar los hechos denunciados.
