La Procuraduría General de la Nación solicitó al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez, evaluar la suspensión del contrato suscrito con la Universidad Libre, mediante el cual se adelanta el concurso de mérito público para el nombramiento en propiedad de notarios y el ingreso a la carrera notarial.
El Ministerio Público justificó su petición en la falta de respuesta frente a inquietudes planteadas sobre la transparencia y garantías del proceso. En comunicación oficial, la entidad advirtió que la actual estructura del concurso podría vulnerar derechos fundamentales de los participantes.
Según la Procuraduría, una de las principales preocupaciones radica en que no existen recursos contra las decisiones preliminares del operador ni contra las resoluciones definitivas del Consejo Superior de Carrera Notarial (CSCN), lo que dejaría a los aspirantes sin la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa frente a asuntos como la lista de admitidos, los resultados de pruebas y entrevistas.
El organismo de control también cuestionó que sea el propio Consejo el encargado de determinar qué aspectos pueden o no ser objeto de impugnación por parte de los concursantes, lo cual, a su juicio, limita el acceso a la administración de justicia y genera un desequilibrio frente a la igualdad procesal.
La Procuraduría, además, informó que revisó las convocatorias de varias sesiones del CSCN y encontró posibles irregularidades que podrían configurar violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad, pilares esenciales en la organización de concursos públicos.
El debate en torno al concurso notarial trascendió a la esfera política. El presidente Gustavo Petro, en un pronunciamiento público, expresó preocupación por la manera como se ha manejado el proceso. Según el jefe de Estado, resulta “extraño” que la convocatoria se acelerara justo antes de las elecciones.
«Ojo con el concurso notarial. El procurador solicitó suspender el concurso, extrañamente se aceleró antes de elecciones. Cobran mil millones por cupo y son 700 y preciso, antes de elecciones», manifestó Petro, al advertir riesgos de corrupción alrededor de la selección de notarios.
El presidente también subrayó que la mayoría de notarios actuales no fueron designados durante su gobierno, pero aclaró que no tiene interés en promover cambios masivos ni en propiciar escenarios de opacidad.
Con el pronunciamiento de la Procuraduría y la advertencia presidencial, el futuro del concurso notarial queda en entredicho, mientras el país espera una decisión de la Superintendencia de Notariado y Registro que despeje las dudas sobre la transparencia del proceso.
