La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado confirmar el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante el cual se anuló la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027. La posición del Ministerio Público fue presentada a través de la Procuraduría Séptima delegada ante esta alta corporación, argumentando que existió una inhabilidad al momento de su elección.
Según el concepto emitido, Krasnov habría celebrado un contrato con una entidad estatal dentro del año anterior a su elección, lo cual es causal de inhabilidad según la normativa colombiana. El contrato en cuestión fue suscrito el 6 de diciembre de 2022 con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), para realizar labores académicas en el grupo de investigación SOECOL, adscrito a la sede Tunja. Este vínculo contractual fue ejecutado dentro del término de restricción legal y se desarrolló en el territorio municipal, beneficiando directamente al contratista mediante remuneración.
La Procuraduría desvirtuó los argumentos presentados en la apelación, que señalaban a la UPTC como una entidad autónoma no sujeta al régimen de derecho público. También fue rechazada la hipótesis de que la modalidad virtual del contrato eliminaba su impacto territorial en Tunja. En su análisis, la entidad enfatizó que la UPTC conserva su naturaleza jurídica como ente estatal, y que el objeto del contrato se ejecutó en beneficio de estudiantes radicados en el municipio, por lo tanto, se cumplió el criterio territorial.
Además, el órgano de control recordó que la jurisprudencia vigente no requiere demostrar una ventaja electoral directa derivada del contrato para que proceda la nulidad. Lo fundamental es que se configuren los elementos objetivo, subjetivo, temporal y territorial, requisitos que, según el análisis del caso, se cumplieron plenamente.
Con esta solicitud, la Procuraduría reafirmó la importancia de respetar los principios de transparencia y legalidad en los procesos electorales, instando al Consejo de Estado a mantener la sentencia de primera instancia y preservar la integridad institucional.
Ahora, la decisión definitiva queda en manos del alto tribunal, que deberá determinar si ratifica la pérdida de investidura de Mikhail Krasnov y su separación del cargo como alcalde de la capital boyacense.
