El horror se apoderó de la localidad de San Cristóbal luego de que saliera a la luz un caso de presunto abuso sexual contra al menos doce menores de edad en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El principal señalado es Fredy Castellanos, quien se desempeñaba como docente en la institución y ya había trabajado previamente como coordinador en otro jardín del ICBF ubicado en Bosa Piamonte. La gravedad del caso ha conmocionado a la capital, no solo por el número de víctimas reportadas, sino también porque dos de los menores habrían sido diagnosticados con VIH, lo que agrava aún más el impacto del delito.
Según las denuncias de los padres, el caso no fue atendido con la prontitud necesaria y solo tras una marcha organizada por las madres de familia se logró visibilizar la magnitud de los hechos y activar una respuesta más contundente de las autoridades. El silencio institucional y la aparente desatención inicial generaron fuertes críticas al ICBF y a los organismos de control.
Concejal Julián Sastoque condena el hecho y alerta sobre una crisis estructural
Uno de los primeros en pronunciarse de manera contundente fue el concejal Julián Sastoque, quien rechazó los hechos catalogándolos como “aberrantes” y exigió justicia inmediata:
“A este sujeto debe caerle todo el peso de la ley. Es inadmisible que un agresor de niños pueda tener acceso directo a menores en espacios donde se supone que deben estar protegidos”, señaló el cabildante.
Sastoque también advirtió que este no es un hecho aislado, ni reciente, sino parte de una preocupante tendencia de incremento en los delitos sexuales contra menores. Solo hasta el pasado 11 de abril de 2025, en Bogotá se registraron 466 casos de abuso infantil, la mayoría de ellos cometidos contra niñas. Además, recordó que el año 2024 fue el peor en materia de violencia sexual infantil en la historia reciente, con un total de 9.688 casos reportados, una cifra alarmante que revela una verdadera crisis social.
“No podemos permitir que las estadísticas bajen levemente y que eso se interprete como una buena noticia. Seguimos hablando de cientos de niños violentados y eso debe movilizar al Estado en su conjunto”, puntualizó.
Contratistas bajo la lupa: más de $5.967 millones en juego
Otro de los puntos críticos señalados por el concejal fue la responsabilidad de los contratistas a cargo de la operación de los jardines infantiles. Según reveló tras una investigación liderada por su equipo a través del portal de contratación PACO, el operador del jardín infantil Canadá —donde se habrían presentado los abusos— ejecuta actualmente cinco contratos en Bogotá que suman más de $5.967 millones de pesos.
Sastoque hizo un llamado urgente al ICBF y a los entes de control para que revisen de manera detallada la idoneidad y antecedentes de todos los contratistas que prestan servicios en entornos educativos y de cuidado infantil, especialmente cuando estos involucran atención directa a niños y niñas.
“No se trata solo de este operador. Es momento de auditar a fondo todos los contratos, verificar los procesos de selección de personal, los mecanismos de supervisión y, sobre todo, las medidas de protección reales que se aplican en estos centros. La educación y el bienestar de nuestros niños no pueden estar en manos de operadores sin garantías plenas de integridad”, advirtió.
Una comunidad rota que exige respuestas
Mientras la Fiscalía avanza en la investigación contra Fredy Castellanos, las familias afectadas esperan que el proceso no solo termine en una condena ejemplar, sino que abra la puerta a reformas profundas en la manera en que el Estado protege a la niñez. Las madres que salieron a marchar en San Cristóbal exigen más que promesas: quieren acciones, garantías y reparación.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate la urgencia de fortalecer los protocolos de contratación, vigilancia y sanción en todos los espacios de cuidado infantil, así como de garantizar un entorno seguro y confiable para los niños y niñas de Bogotá y del país.