El proceso judicial que involucra a los exministros Luis Fernando Velasco, dirigente político oriundo del Cauca, y Ricardo Bonilla, registró un nuevo retraso tras un cruce de competencias al interior del Tribunal Superior de Bogotá. La situación se presenta luego de que la magistrada Catalina Guerrero Rosas declarara que no es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por las defensas.
La apelación busca revocar la medida de aseguramiento que mantiene privados de la libertad a los exfuncionarios, con el objetivo de que puedan enfrentar el proceso judicial en libertad mientras avanza el juicio. Ante este escenario, la magistrada ordenó el traslado del expediente al despacho del magistrado Ramiro Riaño Riaño, quien deberá definir si asume el conocimiento del caso como ponente.
En caso de que el magistrado tampoco acepte la competencia, la decisión quedará en manos de la Sala de Gobierno del Tribunal, instancia que deberá designar al magistrado encargado de resolver la apelación. Esta situación prolonga la definición jurídica sobre la solicitud de libertad o, de manera subsidiaria, la detención domiciliaria planteada por las defensas.
En el Cauca, el caso genera especial atención debido a la trayectoria política de Luis Fernando Velasco y su incidencia histórica en la vida pública del departamento. Sus abogados insisten en que se vulneró el debido proceso y que no existen argumentos suficientes para justificar una reclusión en centro carcelario.
Mientras se resuelve el conflicto de competencias, el trámite judicial permanece en suspenso, a la espera de una decisión que defina el rumbo inmediato del proceso.
