¡Se declaró inocente! Así operaba el abusador de menores de San Cristóbal

¡Se declaró inocente! Así operaba el abusador de menores de San Cristóbal

¡Se declaró inocente! Así operaba el abusador de menores de San Cristóbal: El caso de Freddy Arley Castellanos Velasco, un hombre de 36 años que trabajaba como agente educativo en un hogar infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha conmocionado a Bogotá. Castellanos fue capturado y enviado a la cárcel La Modelo luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menores de 14 años, en hechos que habrían ocurrido entre marzo y abril en la localidad de San Cristóbal.

De acuerdo con las investigaciones, Castellanos presuntamente aprovechaba su rol como cuidador para simular juegos con los niños y niñas a su cargo, quienes en su mayoría tenían apenas tres años de edad. La denuncia inicial la hizo la madre de una menor que manifestó conductas inusuales. Tras una valoración médica y psicológica, se identificaron signos de abuso. Posteriormente, se conoció que al menos otras dos víctimas presentaban afectaciones similares. Aunque en redes sociales se habló de hasta 12 víctimas, solo tres denuncias han sido formalizadas hasta el momento.

¡Se declaró inocente! Así operaba el abusador de menores de San Cristóbal

Siga leyendo:

Frente a la gravedad de los hechos, el ICBF decidió cerrar temporalmente el Hogar Infantil Canadá Sede F y reubicar a los demás niños en otros centros comunitarios. Además, anunció una revisión exhaustiva de los procesos de contratación. Según explicó la directora de la entidad, Astrid Cáceres, es posible que Castellanos haya ingresado al plantel sin cumplir los protocolos establecidos. Como medida adicional, el ICBF planteó priorizar la contratación de mujeres para el cuidado infantil, sin que esto represente una discriminación, sino una medida preventiva ante casos reiterados de agresiones sexuales cometidas por hombres en estos contextos.

Jurídicamente, el acusado podría enfrentar penas que superan los 25 años de prisión, incluso llegar a los 60 años, dependiendo del número total de víctimas, el grado de abuso y el agravante por su condición de educador. Expertos en derecho penal consultados por medios nacionales aseguran que esta situación pone en evidencia vacíos estructurales en la supervisión de las entidades que prestan servicios de atención a la primera infancia bajo convenio con el Estado.

Temas de interés:

Este caso reabre el debate sobre la necesidad de mecanismos más rigurosos en la selección y seguimiento del personal encargado del cuidado de menores. La comunidad, indignada, exige justicia y llama a estar alerta. Las autoridades recuerdan que cualquier caso de sospecha de abuso puede y debe ser reportado a la línea 141 del ICBF, la línea de emergencias 123 o ante la Fiscalía General de la Nación. Prevenir empieza por hablar, observar y actuar a tiempo.