De acuerdo con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, es ilegal acosar a una persona por el sexo, género, raza y edad de esa persona. El acoso puede incluir «acoso sexual» o avances sexuales indeseados, solicitudes de favores sexuales y otro tipo de acoso verbal o físico de naturaleza sexual.
En la mayoría de los casos, la víctima puede ser una mujer, no obstante, se han conocido casos donde la víctima y la persona acosadora pueden ser de ambos sexos.
Según el portal Así Vamos en Salud, la violencia sexual es comúnmente perpetrada por alguien cercano a la víctima, ya sea en el entorno familiar, escolar o laboral. En ese caso, en el 2019, Colombia presentó una tasa de violencia sexual de 52.96 por cada 100.000 habitantes, lo cual demuestra un crecimiento sostenido en los últimos 7 años.
Además, la Procuraduría General de la Nación, reveló que, de acuerdo con los datos presentados por la jefe del Ministerio Público, 614 mujeres fueron víctimas de este delito en Colombia en el 2022.
El acoso sexual en las universidades de Colombia
Es un hecho que muchas universidades del país carecen de políticas formales para denunciar, investigar o penalizar el abuso o la conducta sexual inapropiada, o en el peor de los casos, existen políticas, pero no son aplicadas rigurosamente.
Un caso que estuvo en el ojo del huracán, fue en la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia, donde el biólogo Adolfo Amézquita Torres empezó a formarse una fama más oscura. Según decenas de quejas de antiguos y actuales estudiantes, lo acusan de malos tratos a las mujeres, entre ellos favorecer y abusar emocionalmente de las alumnas con las que salía, así como ejercer represalias contra las que rechazaban sus insinuaciones o protestaban por su conducta.
Las medidas que tomó la institución fue identificar al docente como culpable de acoso sexual y conductas inapropiadas, por lo que procedieron a despedirlo en el marco de un creciente esfuerzo para combatir la conducta sexual inapropiada en los campus de Latinoamérica.
A pesar de la medida, Amézquita Torres negó las acusaciones y gracias a su ente defensor logró continuar con sus investigaciones en el campus de la universidad, aunque sin ejercer el ejercicio docente.
Pero ahora la tendencia podría estar cambiando debido a las precisiones de grupos y organizaciones de mujeres que luchan en contra de este delito. Por tal motivo, en la Uniandes y en otros lugares, las autoridades se están comprometiendo a adoptar políticas más severas y a hacerlas cumplir.
Hoy en día, en algunos países, los legisladores y las agencias están adoptando nuevas normas y mecanismos nacionales para denunciar y judicializar el acoso sexual en los campus y centros de investigación.
En ese sentido, ya en el 2019, más de 250 investigadores firmaron una carta publicada en la Revista Science en la que instaban a «científicos e instituciones de toda Latinoamérica a ser conscientes del daño que el machismo y su negación inflige a las mujeres y a la misión de la ciencia en general», así como a tomar medidas más severas para disuadir conductas inapropiadas.
El caso de la Uniandes, pone en evidencia el largo camino que les queda por recorrer a las universidades de Latinoamérica para abordar los problemas de acoso sexual. Las mujeres, niñas y adolescentes deben ser protegidas por el Estado en su totalidad, asegurándoles sus derechos y la libertad de ingresar a diferentes campos científicos sin el miedo de sentirse en peligro solo por el hecho de ser féminas.