La Fiscalía General inició un proceso de extinción de dominio contra el senador Édgar de Jesús Díaz Contreras y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado. La medida afecta siete inmuebles valorados en $3.390 millones, ubicados en Bogotá, Villa del Rosario y Los Patios. Senador y gobernador involucrados en millonario escándalo de corrupción.
Las autoridades señalan que los bienes fueron adquiridos en medio de presuntas irregularidades en un contrato de suministro de materiales pétreos firmado en 2009. El negocio, que ascendió a $3.700 millones, habría sido el canal para desviar recursos públicos y obtener ganancias ilícitas.
El contrato se firmó durante el primer mandato de Villamizar. Las irregularidades se extendieron hasta 2012, cuando Díaz ejercía como gobernador del departamento. Ambos exmandatarios ahora enfrentan procesos que podrían terminar en la pérdida definitiva de las propiedades.
Bienes bajo medida cautelar: así actuó la Fiscalía; Senador y gobernador involucrados en millonario escándalo de corrupción
Los inmuebles incautados pertenecen a los dos funcionarios y al contratista Pedro Antonio Silva Ruiz. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio encontró méritos para aplicar medidas cautelares, tras recopilar pruebas que vinculan directamente estos activos con el contrato investigado.
La Fiscalía adelantó las diligencias en conjunto con el CTI y el Ejército Nacional. Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras avanza el proceso judicial que definirá su destino final.
“Los bienes reflejan un posible intento de ocultar recursos obtenidos de forma irregular”, advirtió el ente acusador.
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Corrupción en contratación pública: el patrón se repite
Este nuevo escándalo revive los cuestionamientos sobre la corrupción en la contratación pública. El caso de Norte de Santander se suma a una larga lista de contratos firmados con sobrecostos o ejecutados sin supervisión estatal.
Las autoridades señalaron que el contrato investigado mostró fallas desde su adjudicación, hasta su liquidación. “Detectamos un patrón de etapas contractuales irregulares que coincidieron con la adquisición de estos bienes”, concluyó la Fiscalía.
La ciudadanía y organismos de control esperan respuestas claras sobre la responsabilidad de los implicados y el avance real del proceso penal y administrativo.
