La juez décima de Familia emitió la decisión definitiva sobre el cumplimiento del fallo. En consecuencia, el 22 de abril de 2026 determinó no imponer sanciones por desacato. Esta resolución representa un avance significativo dentro del proceso. Además, refleja una evaluación detallada de las acciones realizadas. Por consiguiente, se fortalece la legitimidad institucional. De esta manera, se brinda mayor seguridad jurídica. Así, se genera confianza en la ciudadanía.
Durante su análisis, la funcionaria concluyó que no existió negligencia. Asimismo, descartó cualquier intención de incumplimiento. Por el contrario, resaltó los avances técnicos logrados. Esto evidencia un desarrollo adecuado del proceso. Además, se demuestra compromiso por parte de las entidades involucradas. En consecuencia, se valida el trabajo realizado. Así, se garantiza la transparencia.
Ana Catalina Castro, desde la administración, aseguró que se ha actuado con legalidad. Además, destacó la transparencia en cada etapa del proceso. En este contexto, se han implementado acciones concretas para avanzar. De igual forma, se ha promovido la participación ciudadana. Por ende, se fortalece la confianza institucional. Asimismo, se consolida el proceso. Esto contribuye a mejores resultados.
Finalmente, se resaltó la inversión de más de mil millones de pesos. Estos recursos han sido destinados a asesorías, logística y encuentros comunitarios. Además, respaldan la fase definitiva del proceso. En consecuencia, se garantiza una ejecución eficiente. De esta manera, se optimizan los resultados esperados. También se fortalece la inclusión social. Así, se asegura el cumplimiento del fallo.
