Diego Jaramillo Salgado
En medio de ires y venires, dimes y diretes sobre el gobierno de Petro, fue presentado al país el resultado de las negociaciones con el ELN. A pesar de la expectativa sobre la llamada “Paz total”, el anuncio no captó tan fuertemente a la opinión pública, así el acuerdo se haya hecho con una guerrilla que históricamente es en este momento la de más años en la lucha armada de América Latina.
Los debates sobre las reformas, el “golpe blando”, las chuzadas y las acusaciones sobre dineros mal habidos en la campaña del Pacto Histórico le restaron importancia a este que podría ser un gran avance para crear condiciones de paz en el país. Como en anteriores negociaciones fallidas con esta organización, el tema fuerte de discusión se centró en la participación de la sociedad civil.
Solo que ahora hay un contexto facilitador del camino para su realización. Así implícitamente los negociadores elenos cuestionen los resultados de negociaciones previas, es indudable que el proceso, los resultados y la implementación de lo acordado con las Farc marca el camino de lo que ahora se puede dar. Así mismo, la amplia participación de la sociedad civil en los paros nacionales entre el 21 de noviembre de 2019 y junio de 2021 se convirtió en algo inédito en la historia nacional que renovó los cimientos de la movilización social. Dinámica que facilitó el triunfo electoral en las elecciones presidenciales, factor coadyuvante en lo que ahora se quiere alcanzar.
El ELN parte del principio de que sus integrantes no se pueden arrogar el derecho de hablar por el pueblo, en cuanto es este quien debe asumir su propia voz para encontrar la respuesta y solución a los problemas estructurales del país. Así no se pregunten si el pueblo quiere o encuentre en ellos el liderazgo para hacerlo. No obstante, la aprobación de este como uno de los puntos principales se convierte en una articulador de lo que se ha producido a lo largo de este siglo. No se trata solo de una intención.
Lo aprobado incluye la formación de un Comité Nacional de participación, conformado por 30 organizaciones que elegirán a 80 delegados. Todos ellos del amplio espectro en que se mueve la sociedad. Su función será la de decantar las propuestas que presentarán no solamente las bases que representan sino las que surjan a lo largo del país para ser aprobadas por la mesa de negociación. Fundamento para avanzar en la posibilidad de un acuerdo nacional que legitime todo el proceso.
