Los provida contra los proelección

Por estos días, una comunidad religiosa realizó un plantón en el centro de la capital caucana, con el propósito de manifestarse contra la despenalización del aborto en Colombia y promover la recolección de firmas para realizar un referendo próvida. Esta movilización y muchas que se realizan en el país tienen que ver con el hecho de que la Sala de la Corte Constitucional de Colombia despenalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 24 de gestación (Sentencia C-055 de 2022). Esto quiere decir, que cualquier mujer, niña o persona gestante, puede abortar sin cometer un delito, siempre y cuando lo haga antes de la semana número 24 de gestación. “Nosotros somos próvida, defendemos la vida del ser humano desde el vientre de la madre, por lo que estamos en busca de firmas, para el referendo próvida con la finalidad de respetar la vida de los niños en el vientre”, manifestó David Ayala, pastor. Esta es una de las manifestaciones del álgido debate que existe entre los llamados pro vida y los denominados pro elección. Estas dos palabrejas son confusas pues obligan a que las personas encajen todas sus creencias religiosas, morales, políticas y prácticas sobre el aborto en una de solo dos categorías. Generalmente, las personas que se identifican como pro elección creen que todas las personas tienen el derecho humano básico de decidir si quieren o no tener hijos y cuándo. Las personas que se oponen al aborto, es decir pro vida, les interesa la vida del óvulo fertilizado, embrión, o feto, pero no tanto la vida de las personas que experimentan un embarazo no deseado o el bienestar de los niños después de nacer.Las palabras “provida” y “proelección” no reflejan lo complejas que pueden ser las formas como las personas piensan y se sienten acerca del aborto. En vez de colocar a una persona en una categoría u otra, deberíamos respetar las decisiones que las personas y sus familias enfrentan todos los días. La decisión sobre adoptar, interrumpir un embarazo o continuar un embarazo debería ser tomada por la persona embarazada, con el apoyo de su familia, su credo y su proveedor de salud. Los políticos no deberían involucrarse en las decisiones personales sobre la salud reproductiva o el embarazo de ninguna persona.