El drama del abuso sexual infantil en Bogotá no da tregua. Mientras los casos individuales conmocionan a la opinión pública, las cifras de fondo revelan una realidad mucho más alarmante: en apenas tres meses de este año, se han emitido 2.404 alertas por presuntos abusos cometidos contra menores dentro de entornos escolares en la capital del país.
Se trata de un incremento preocupante. En el mismo periodo del año anterior, se habían registrado 1.664 reportes. Eso significa que en solo un año, los casos aumentaron en 740, una cifra que no solo refleja un crecimiento cuantitativo, sino que pone en entredicho la capacidad institucional para prevenir, detectar y atender este tipo de violencia.
Inseguridad en las instituciones educativas
La mayoría de las denuncias provienen de instituciones educativas públicas, con 2.030 alertas reportadas frente a 374 en colegios privados. Esto evidencia una mayor vulnerabilidad en los sectores donde la cobertura estatal debería ser precisamente más fuerte. Lejos de ofrecer protección, muchas escuelas se están convirtiendo en lugares donde el riesgo acecha a los más pequeños.
Las víctimas, en su mayoría, están en edades escolares. Niños entre los 6 y 11 años concentran 1.049 de los reportes. En la etapa de adolescencia, entre los 12 y los 17 años, se han reportado 1.175 casos. Incluso la primera infancia, con niños de apenas 3 a 5 años, suma ya 145 alertas. Además, hay 35 casos registrados de jóvenes mayores de edad que aún asisten a instituciones de secundaria.
Estas cifras reflejan una dimensión cruda del problema: la violencia sexual contra menores no discrimina edad y ocurre incluso en los espacios más cotidianos, donde niños y niñas deberían estar seguros.
Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme: las zonas más críticas
El fenómeno no se distribuye de manera homogénea. Hay localidades que repiten año tras año como epicentros de las denuncias. Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y Suba aparecen en los primeros lugares. En estas zonas del sur y suroccidente de Bogotá se combinan la pobreza, la falta de acceso a servicios psicosociales, el hacinamiento escolar y, en muchos casos, la ausencia de acompañamiento familiar.
La pregunta que queda en el aire es tan evidente como urgente: ¿qué se está haciendo, desde lo institucional, para proteger de verdad a los menores dentro de los entornos escolares? Las alertas no solo deben servir para engrosar las estadísticas, sino para activar mecanismos eficaces de intervención, justicia y prevención.
En medio de esta crisis silenciosa, cada número representa una historia de trauma, silencio y dolor. Y detrás de cada reporte hay un niño que necesita algo más que indignación social: necesita acción real.