Por: Laura Cabanzo
En el Cauca rural, el silencio no siempre es complicidad. Muchas veces es supervivencia. Denunciar puede significar exponerse, quedar marcado o poner en riesgo a la familia. Por eso, callar se convierte en una decisión racional dentro de un contexto que no ofrece garantías reales.
Desde los discursos institucionales se insiste en la denuncia como deber ciudadano. Pero pocas veces se habla de lo que ocurre después. Las respuestas tardías, la falta de protección efectiva y la revictimización convierten la denuncia en un acto de alto riesgo.
El silencio, entonces, funciona como un mecanismo de autoprotección colectiva. No se habla para evitar consecuencias mayores. No se nombra para no atraer atención indeseada. Esta dinámica no surge del miedo individual, sino de una experiencia compartida.
El costo de este silencio es alto. Limita el acceso a la justicia, perpetúa la impunidad y debilita la confianza en las instituciones. Pero exigir que las comunidades hablen sin ofrecer respaldo es una forma de irresponsabilidad estatal.
Mientras denunciar sea más peligroso que callar, el silencio seguirá siendo una estrategia válida. Y esa realidad incómoda debería ser una señal de alerta, no un motivo de juicio.
