Pareciera que hubiese una especie de renuencia institucional desde el Gobierno Departamental del Cauca, a asumir una posición frente al conflicto de tierras en el norte del Cauca, específicamente ante la invasión de fincas cañeras y al hecho del deterioro de más de 500 empleos directos.
Politiquería
Y es posible que esta suerte de temor tenga que ver con una inconveniencia estratégica de cara a intereses politiqueros.. Tal vez el hecho de intentar defender los derechos de la gente, y la propiedad privada, no resulten muy pertinentes, si se permite el término, para los intereses políticos, de uno u otro partido. Pero el hecho es que “más de 500 corteros de caña han perdido su trabajo con el ingenio La Cabaña desde el año anterior debido a despidos generados por la pérdida de tierras, dijo un vocero de la firma. De hecho uno de los voceros de La Cabaña se ha reunido con actores y líderes políticos del norte del Cauca, para hablar sobre el tema.
Hectáreas perdidas
Según los empresarios se han perdido 2.100 hectáreas de tierra a manos de invasores, casi ante la indiferencia del Gobierno y una aceptación desde algunos sectores. También está el agravante de que la mayor parte de esas tierras es de propiedad de personas de la región, especialmente de origen afro. En este escenario de anarquía, donde el gobierno seccional prefiere mirar hacia otra parte, son los trabajadores y sus familias, los eslabones más débiles. Muchas personas están abocadas a la miseria, el delito y el desplazamiento al perder la capacidad de obtener un sustento en esta actividad.
Indiferencia
Creemos que el dejar hacer y dejar pasar en un tema tan sensible como este, no es aceptable de ningún modo. Se están violando derechos constitucionales a la vista de todos. Con el argumento de la recuperación de tierras de propiedad ancestral, cientos de familias se quedan sin un sustento. ¿Será acaso que las comunidades indígenas y el CRIC, van a resolver esa situación y van a ofrecer un medio de trabajo a estas personas? Está claro que no. El permitir que estas dinámicas de invasión a predios de propiedad privada sigan, puede ser el germen de un estallido de violencia sin precedentes, y cuando eso suceda, los gobernantes deberán dar cuenta de su omisión cuando se pudo haber al menos intentado alguna línea de acción para resolverlo.
