En una decisión polémica, un juez de Santander dejó en libertad a 10 de las 21 personas investigadas por presuntos crímenes y torturas en ocho fundaciones del departamento, donde se brindaba atención a ciudadanos con problemas de adicción. Estas fundaciones, según los testimonios y pruebas recolectadas por la Fiscalía, habrían incurrido en actos de violencia, abuso y negligencia que habrían provocado la muerte de al menos ocho internos y afectado a más de 500 personas.
Los liberados, según el juez, desempeñaban labores con menor responsabilidad dentro de las instituciones, como psicólogos, socios, personal de aseo y administrativos. La Fiscalía, no obstante, apeló la decisión, argumentando que los elementos probatorios presentados —que incluyen testimonios desgarradores de víctimas, fotografías de las condiciones en las que vivían los pacientes, videos y denuncias documentadas— apuntan a la complicidad de estos empleados en los abusos cometidos.
Las capturas de los implicados fueron realizadas en operativos coordinados entre la Seccional Santander de la Fiscalía, el CTI y el Ejército Nacional en varias ciudades, incluyendo Cartago (Valle del Cauca), Bucaramanga y Bogotá. La Fiscalía asegura que los acusados formaban parte de una estructura delictiva que utilizaba estas fundaciones como fachada para cometer atrocidades en contra de la dignidad humana de sus internos.
«Los elementos de prueba indican que harían parte de una estructura delictiva que, a través de instituciones de atención para personas con problemas de adicción, habrían incurrido en conductas en contra de la dignidad y la vida de los internos, que dejaron ocho muertos y algo más de 500 víctimas», indicó la Fiscalía.
Entre los abusos documentados, algunos empleados de las fundaciones habrían abusado sexualmente de menores de edad, quienes permanecían sedados con medicamentos. Además, se documentaron castigos extremos: varios internos habrían sido llevados a “cuartos de reflexión”, donde eran sometidos a baños de agua fría, golpizas y amarras que les provocaban lesiones.
Indignación y llamado a la justicia
Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de las víctimas han expresado su indignación ante la decisión del juez. Argumentan que la liberación de estos implicados envía un mensaje erróneo a las víctimas, quienes esperan justicia y que se garantice su protección. La Fiscalía continuará con el proceso de apelación para revocar la medida y reiteró su compromiso de esclarecer todos los detalles de este caso, considerado uno de los más oscuros en cuanto al tratamiento de personas vulnerables en centros de rehabilitación del país.
