Para favorecer en un proceso penal a María Susana Portela, exalcaldesa de Florencia, Caquetá, el entonces fiscal sexto anticorrupción de esa ciudad Juan Eberto Novoa Salazar acordó dos pagos por 10 millones de pesos, pero también pidió que le consiguieran mujeres “prepagos”, licor e insumos jurídicos para direccionar el caso.
Por esa razón, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial lo acaba de declarar disciplinariamente responsable, lo destituyó del cargo y le dictó una inhabilidad general para ejercer la profesión por 10 años.
“Comprobada la entrega del dinero y dádivas al doctor Novoa Salazar, basta para afirmar que se configura la falta disciplinaria independientemente de la actuación que desplegó o dejó de hacer”, dice el fallo.El caso se remonta a la alcaldía de Susana Portela (2012-2015) en Florencia y se centra especialmente en un proceso penal en su contra por irregularidades en un contrato; aunque se menciona otro proceso más por la elección del revisor fiscal del Hospital Malvinas; así como una investigación contra el exalcalde encargado Edilberto Ramón Endo, sobre el cual no se encontraron irregularidades.
En el primer caso, el fiscal Novoa adelantó la investigación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y abuso de función pública, pero imputó a Portela solo por los dos primeros y además retiró la orden de captura que se había dictado contra ella a finales de enero de 2014.En el proceso, la exalcaldesa y el propio fiscal negaron los hechos tajantemente. Incluso, el procesado aseguró que el principal testigo en su contra había incurrido en imprecisiones en sus declaraciones a lo largo de los años, e insistió en que no contrataba “servicios” de mujeres ni consumía alcohol.(Lea en contexto:Por corrupción condenan a exalcaldesa de Florencia y diez exconcejales).
No obstante, tras verificar el testimonio y escucharlo en persona, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le dio crédito y consideró que el fiscal, quien salió del cargo en Florencia en 2015 pero sigue ligado al ente acusador, según registros públicos, incurrió en faltas disciplinarias.
El testigo es el abogado Germán Isaza Morales, quien era abogado asesor de la Alcaldía de Florencia. En su primer testimonio a la Fiscalía del 21 de marzo de 2015 indicó que los primeros 10 millones se los entregó al fiscal Novoa en su carro y los otros 10 en frente de su residencia, confirmando que le llevaba directamente a las mujeres.
En una reunión en las afueras de la ciudad me hizo señas con la mano que con 10 millones eso se podía arreglar: testigo
En 2017, el testigo volvió a declarar: “En una reunión en las afueras de la ciudad me hizo señas con la mano que con 10 millones eso se podía arreglar. Esa información se la entregué a Susana Portela y a Diego Rojas, el esposo de ella. En privado me entregaron el dinero, el cual yo le entregué al doctor Novoa en mi carro”.También dijo que fue el entonces fiscal quien le pidió que le buscara “compañía” porque estaba nuevo en la ciudad. “Le llevé unas acompañantes de un catálogo que tenía un funcionario de Servaf S.A. ESP, con el propósito de mantener unas buenas relaciones”. Allí el testigo confirmó que aunque la denuncia contra Ramón Endo la hizo la Alcaldía en la cual trabaja como asesor, de ese caso no habló con el fiscal Novoal, sino solo sobre el de Portela, y que esa “gestión” la hizo como asesor, pero no como abogado de la mandataria.En julio de 2023, el abogado Isaza, quien alcanzó un principio de oportunidad con la Fiscalía, insistió en que conoció al fiscal Novoa, reiteró que le entregó el dinero y dijo que la plata la recibió del esposo de la exalcaldesa, todo para que les ayudara en los procesos mencionados.
“Él debía colaborarnos, archivarlos, dilatarlos. Se le entregó la plata para que nos colaborara, no hubo una exigencia del fiscal como de ‘deme tanta plata’, simplemente fue producto del diálogo y de la conversación que se acordó ese dinero”, aseguró.Por todo esto, la Comisión de Disciplina, en el fallo conocido por EL TIEMPO, que tuvo como ponente al magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez, consideró: “No suscita discusión que en cada una de las intervenciones el deponente coincidió en haber entregado unos dineros y dádivas al fiscal para apoyar, colaborar o asistir a la exalcaldesa María Susana Portela en los procesos que tenía a su cargo”.La decisión señala que si bien en el caso del Hospital Malvinas el fiscal Novoa tuvo la noticia criminal, pero luego pasó a otro fiscal, esto no resta credibilidad al testigo: “Contrario a lo que postula el apelante, de manera constante señaló el testigo que los dineros recibidos involucraban el caso de la contratación sin facultades. No existe contradicción, pues siempre estuvo en el acuerdo ese proceso”.El fallo insiste en que el testigo siempre relacionó los casos de contratos, del revisor fiscal del hospital y el de Ramón Endo.
