La Contraloría General de la República presentó un balance en cuentas rojas acerca del estado crítico del aseguramiento en salud en Colombia durante la vigencia 2024. Según el documento, los pasivos acumulados de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) superan los 32.9 billones de pesos, una cifra que refleja la profunda inestabilidad financiera que atraviesa el sistema.
De acuerdo con el ente de control, el endeudamiento masivo afecta directamente a 89% de los colombianos afiliados a las EPS, quienes dependen de estas entidades para acceder a servicios de salud. La situación es crítica, pues la mayoría de estas EPS carecen de la solidez financiera necesaria para garantizar la prestación continua y eficiente de los servicios médicos, lo que pone en riesgo la atención de la población.
El reporte hace hincapié en la alta proporción de EPS bajo medidas especiales o intervenciones forzosas administrativas, lo que evidencia la gravedad de la crisis. Entre las más afectadas se encuentran Nueva EPS, Sanitas EPS, Coosalud EPS y otras, que concentran un gran número de afiliados pero presentan indicadores financieros preocupantes.
El análisis también señala que el sistema enfrenta dificultades en la liquidez y en el cumplimiento de los requisitos mínimos de capital y patrimonio adecuado, lo que limita la capacidad de las EPS para responder a sus obligaciones financieras y operativas. Esta situación, según el balance, genera un círculo vicioso que afecta la estabilidad del sistema de salud en su conjunto.
Además, el informe advierte sobre el impacto negativo en los programas de salud de las Cajas de Compensación Familiar, que también enfrentan retos para mantener la cobertura y calidad de sus servicios. La combinación de estos factores agrava la vulnerabilidad de los usuarios del sistema.
