Durante años, Colombia ha discutido la importancia del mérito como base para el acceso al poder público. Sin embargo, en la práctica, ese principio parece volverse incómodo cuando choca con intereses políticos, alianzas estratégicas o lealtades ideológicas. El problema no es nuevo, pero sí cada vez más evidente.
El mérito no se reduce a títulos académicos, pero tampoco puede desaparecer del todo. Gobernar exige capacidades técnicas, comprensión del Estado y experiencia en la gestión pública. Cuando estos elementos se minimizan, el mensaje es claro: la preparación es secundaria frente a la cercanía con el poder.
Esto no solo afecta la eficiencia del Estado, sino que golpea directamente la confianza ciudadana. La gente comienza a percibir que el esfuerzo no garantiza oportunidades y que el discurso del cambio no siempre se traduce en prácticas distintas. La famosa “rosca”, tan criticada históricamente, parece reinventarse bajo nuevos discursos.
El impacto más profundo se da en los jóvenes. ¿Qué se les está diciendo cuando observan que cargos clave se asignan sin trayectorias claras o sin experiencia previa? El riesgo es desincentivar el estudio, la formación y la construcción de proyectos de vida basados en el esfuerzo.
La igualdad de oportunidades no se logra bajando el estándar, sino ampliando el acceso para que más personas puedan alcanzarlo. Confundir inclusión con improvisación es un error que termina perjudicando precisamente a quienes se dice querer proteger.
Un Estado fuerte necesita servidores públicos competentes y legítimos. La experiencia comunitaria es valiosa, pero debe complementarse con preparación y capacidad de gestión. De lo contrario, la política se vuelve simbólica y pierde efectividad.
Defender el mérito no es elitismo. Es responsabilidad institucional.
