Este miércoles, los exlíderes de las extintas FARC reconocieron públicamente su responsabilidad en crímenes contra menores de edad, en respuesta a los cargos formulados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En un comunicado, el exsecretariado aceptó los delitos de reclutamiento, utilización de menores, tortura, homicidio y violencias sexuales, entre otros crímenes de guerra cometidos contra niños y niñas durante el conflicto armado en Colombia.
“Como lo declaramos desde los diálogos en La Habana, reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido”, menciona el comunicado.
La JEP acusa a los exlíderes de la antigua guerrilla de crímenes graves contra menores, destacando el uso de estos como combatientes y sometiéndolos a condiciones de vida inhumanas. Entre los imputados están Rodrigo Londoño Echeverry (alias ‘Timochenko’), Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, y Julián Gallo Cubillo.
La JEP argumenta que los exlíderes de las FARC instrumentalizaron a miles de menores en el conflicto, exponiéndolos a riesgos mortales y sometiéndolos a abusos y explotación sexual.
En su pronunciamiento, los exlíderes criticaron el tiempo y recursos que la JEP ha invertido en investigar hechos que, según ellos, fueron admitidos desde el proceso de paz. Indicaron que han renunciado expresamente a la presunción de inocencia sobre estos hechos en beneficio de las víctimas y manifestaron su disposición a colaborar. Además, solicitaron que la JEP agilice el proceso de reconocimiento y agrupación de todos los hechos en una “resolución única de conclusiones”, conforme al Acuerdo Final de Paz y su Ley Estatutaria.
El comunicado finalizó con la firma de todos los exlíderes imputados, así como de Rodrigo Granda Escobar, reafirmando su compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas.
La confesión y la aceptación de responsabilidad en estos delitos representan un avance en el proceso de reparación, aunque generan también reacciones encontradas en la sociedad colombiana. Se espera que el proceso en la JEP continúe hasta llegar a sanciones específicas, que incluyen medidas restaurativas y otras acciones en pro de las víctimas.
Este reconocimiento del ex secretariado FARC es una señal del esfuerzo por cerrar ciclos de violencia y promover la justicia transicional en Colombia.
