La Fiscalía General de la Nación actuó en el marco del caso de presunta corrupción administrativa en Norte de Santander e impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre siete bienes inmuebles, cuyo valor supera los 3.390 millones de pesos.
Las propiedades, según el ente acusador, estarían vinculadas a presuntas irregularidades en la celebración, ejecución y liquidación de un contrato para el suministro de materiales pétreos, que habría generado un detrimento patrimonial estimado en más de 3.700 millones de pesos.
Los bienes afectados pertenecen al actual gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, al senador Édgar de Jesús Díaz Contreras y al contratista Pedro Antonio Silva Ruíz. La investigación se remonta a un contrato firmado en 2009, cuando Villamizar ejercía por primera vez como mandatario departamental, y se extiende hasta 2012, periodo en el que Díaz Contreras fue gobernador del departamento.
Las diligencias para la ocupación de estos bienes fueron ejecutadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional en diferentes municipios como Bogotá, Los Patios y Villa del Rosario. Los inmuebles ahora están bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad penal y administrativa de los implicados.
La reacción política no se ha hecho esperar. Voceros de la oposición han exigido que se profundice en las investigaciones y que se garantice la transparencia en el proceso judicial, mientras que algunos sectores del oficialismo han pedido respetar el debido proceso y evitar prejuzgamientos.
Por su parte, autoridades judiciales han reafirmado su compromiso para combatir la corrupción en todos los niveles y han destacado la importancia de estas medidas para recuperar recursos públicos.
