Ahora que los acreedores están tocando a las puertas de la Alcaldía de Popayán, como cobradores gota a gota preguntando por lo suyo; por la primera cuota de los 80 mil millones de pesos que hay que pagar a unos ingenieros pastusos, unos tales Solarte, la gente se pregunta en la calle, ¿Y de dónde le salimos a deber ese platal a estos señores? ¿Acaso fue que construyeron un puente elevado, un túnel, o fue que ya hicieron la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao y no nos dimos cuenta?
Una metida de pata millonaria
Todo queridos amigos se originó, para que lo sepan bien, en una mala decisión administrativa; una metida de pata en toda regla que hoy tiene condicionado el futuro de la ciudad. La familia Solarte propietaria de una de las firmas de ingeniería más poderosas del país le ganó el pleito al municipio a causa de la errónea decisión de liquidar un contrato de concesión de obras viales. Ocurrió en 1993 a raíz del contrato celebrado entre la administración de Luis Fernando Velasco, que hoy funge como Alto Consejero Presidencial para las Regiones, y el ingeniero Luis Héctor Solarte, para construir los denominados ‘anillos viales’ y la recuperación y mantenimiento de 17 kilómetros de la carretera Panamericana. La firma Solarte intervendría sobre estas obras y en contraprestación recibiría el recaudo de dicho peaje durante diez años, el cual se convertiría en el primer peaje urbano en Latinoamérica. Este ambicioso proyecto no fue posible a causa de las continuas protestas de la ciudadanía. La alcaldía estableció una sobretasa al combustible del primero de noviembre de 1.994 hasta el 31 de diciembre de 2002, con el fin de cumplir con el pago de estas obras.
Liquidación
Más adelante el alcalde Felipe Orozco, al aparecer interpretó de manera equivocada que este contrato debía pasar de ser una concesión a un contrato de obra pública, de tal manera el municipio terminó y liquidó el contrato con la firma Solarte. La constructora demandó este procedimiento en vista de que los contratos de concesión tienen una clausulas legales para su cumplimiento. El Tribunal Administrativo del Cauca condenó al municipio a pagar $40 mil millones de pesos. En lugar de pagar o negociar la deuda, se confió en los atajos legales para evadir el compromiso, y así estamos hoy, 20 años después, con el agua al cuello.
Jair A. Dorado
