La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para establecer si el funcionario ha incurrido en omisión en la atención de solicitudes de protección presentadas por líderes y lideresas sociales en el país.
Según el Ministerio Público, desde 2022 se habrían presentado irregularidades en la asignación y fortalecimiento de esquemas de seguridad, lo que podría constituir una falta grave en el cumplimiento de sus funciones.
En tal sentido, la Procuraduría solicitó a la UNP información detallada sobre el número de solicitudes recibidas desde agosto de 2022, cuántas han sido atendidas y bajo qué criterios, con el fin de esclarecer si hubo omisión o negligencia. Por las posibles fallas, Augusto Rodríguez, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, podrá llegar rendir versión libre con el fin de aportar su versión de los hechos.
La investigación a Augusto Rodríguez se suma a otras más, incluyendo una recientemente abierta, también por presunta omisión, por su papel en la protección de miembros del Centro Democrático, como el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, víctima de un feroz atentado el 7 de junio en el occidente de Bogotá.
Saldo en rojo
La problemática de los asesinatos a líderes sociales en Colombia es alarmante. Según Indepaz, 79 de ellos han sido asesinados en lo que va corrido del año. Los ataques reflejan un patrón de violencia sistemática contra quienes defienden territorios, derechos colectivos y denuncian violaciones, en un escenario de persistente conflicto armado y presencia de grupos ilegales, en el marco del fracaso de la política gubernamental de paz total.
En los últimos tres años, en varios casos de líderes sociales asesinados se han presentado posteriormente denuncias por la falta o insuficiencia de protección por parte de la UNP. Uno de los más recordados es el del homicidio de Alba Rocío Riaño Nossa, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal en el barrio Verbenal, localidad de Ciudad Bolívar. Alba Rocío había alertado en varias ocasiones sobre amenazas concretas contra su vida y solicitó protección a la entidad dirigida por Augusto Rodríguez, sin que se le respondiera de manera efectiva.
Otro caso reciente es el de Lucero Velásquez, defensora de derechos humanos, quien fue asesinada en febrero de 2025. Velásquez había reportado amenazas constantes, pero las medidas de protección no fueron suficientes para evitar su muerte.
“La Unidad Nacional de Protección (UNP) se preocupa más por reducir gastos mientras sigue despilfarrando recursos públicos, dejando a los líderes sociales a su suerte”, reprochó la ONG Corpades tras presentarse el hecho violento.
